Jorge Romero Rendón
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ha hecho serias observaciones al Congreso de Guerrero por un gasto excesivo en la nómina, por 37 millones de pesos sin el debido soporte presupuestal y fiscal; así como por la no comprobación de los gastos de los diputados configurados en el rubro de Gestoría Social por unos 132 millones de pesos, por lo que ahora están recurriendo al uso de facturas apócrifas y a la simulación de obras y beneficios entregados a la población de sus distritos, para salir del atolladero.
Fuentes de la ASF han divulgado un gasto excesivo sin soporte por 37 millones de pesos anuales, en los ejercicios de 2019, 2020 y con la misma tendencia en lo que va del 2021. Esa cifra se deriva de la asignación que se concedía –y aún concede- a cada diputado por 50 mil pesos mensuales para que cada uno le pague a su personal de apoyo libremente. Cantidad que sube a los 200 mil pesos mensuales para los “diputados importantes” coordinadores de fracción o presidentes de las principales comisiones. Pero en los hechos, varios legisladores han logrado que a sus empleados personales les paguen vía una nómina alterna, para quedarse con el dinero destinado a sueldos.
Además, los diputados más influyentes han logrado incluir en la nómina alterna –que se maneja sin recibos, sin huella fiscal ni responsabilidad legal- a familiares, compadres, amantes y operadores políticos, o como compensación a empleados privilegiados, como parte del paquete de beneficios de que disfrutan los legisladores para no salirse de la línea general de la agenda oficial.
Esos rubros son los que han generado observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que los diputados no han comprobado el buen uso de ese dinero, lo que puede acarrearles una responsabilidad legal grave, pues están desviando dinero y malversando recursos públicos.
De modo que ahora, luego de que fuera analizado el problema en la Junta de Coordinación Política, el líder de la fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón –diputado reelecto que ha disfrutado de las canonjías mencionadas desde el 2018- demandó que se hiciera “todo lo que sea necesario” para solventar los 37 millones de pesos anuales observados de ese rubro.
De ahí que la emergencia ha llevado a los diputados –con respetables excepciones- de la LXIII Legislatura a tomar dos medidas: decretar la “austeridad” en el gasto, haciendo contrataciones por honorarios para evitar pagar prestaciones como el aguinaldo a su personal no basificado; y a recurrir a los servicios de un despacho contable que les proporciona facturas apócrifas y les arregla las cuentas para ir solventando las observaciones de la ASF.
Ese maquillaje a las cuentas pendientes de los diputados, más lo referido a las cuentas del rubro “Gestoría Social”, los abordaremos mañana, con nombres de los más listos operadores y diputados que salieron buenos para el chanchullo… (CONTINURÁ)
