El llamado pacto de coordinación fiscal se inventó en los años setentas, durante el “Priato”  creando un esquema por el cual se repartían recursos provenientes de las exportaciones  petroleras y con esa bonanza se originaron una gran cantidad de recursos para que los estados pudieran desarrollarse de manera más holgada, pero a su vez tuvo un efecto negativo en las entidades federativas, al dejar de recaudar impuestos locales por la comodidad de recibir del gobierno federal sus participaciones.  Fue en la primera década de este siglo, en el 2007, cuando se estableció el actual esquema de coordinación fiscal, hoy en día la gloriosa 4ª. T como gobierno, no ha realizado ningún cambio a dicha reglamentación fiscal. Hay que recordar que el tener un régimen fiscal de esa naturaleza, ha sido uno de los grandes éxitos del federalismo en nuestro país, ya que posibilito aumentar la recaudación y consolido un sistema fiscal único, por medio del cual las entidades federativas  lograron que sus cargas tributarias fueran cobradas por el gobierno federal, lo cual fue un gran avance, y que a través del tiempo ha producido la idea errónea de que los recursos son del gobierno federal. Las participaciones es la forma de regresar a los estados y municipios el dinero que les pertenece. Solo como ejemplo, México tiene una de las más bajas recaudaciones en el mundo en el llamado impuesto predial, con implicaciones no solo sobre la insuficiencia de recursos a municipios. En este marco del federalismo fiscal, el conflicto entre los gobernadores de los diez estados de la Alianza Federalista y el gobierno federal aumenta día con día. Los gobernadores sostienen que el “gobierno de la cuatroté” les niega sus recursos y que el tratamiento fiscal que reciben es discriminatorio. El presidente López Obrador les contesta “que el presupuesto se reparte de acuerdo con el marco legal vigente y que la reacción de los mandatarios estatales tiene que ver con las elecciones venideras”. Cada uno de los actores políticos arguye sus razones y finalmente tendrá que haber un arreglo para que la discusión no escale a otras esferas, esta vez el autoritarismo presidencial puede hacer que desbarranquen los votos que buscará en los comicios 2021.

Es importante señalar que el federalismo requiere descentralizar el poder, y el instrumento principal es la política hacendaria, eso seguramente no se lo ha explicado el secretario de hacienda, Arturo Herrera a su jefe. La capacidad para articular integralmente políticas públicas pasa inminentemente por el presupuesto con el que dispone gobierno federal y las entidades federativas. En nuestro país, el sistema de coordinación fiscal ha centralizado la política fiscal, dejando a la federación la tarea de recaudar la mayoría de los ingresos totales. En promedio, entre 1998 y 2019, la federación recaudó 92 por ciento de todos los ingresos tributarios. En contraste, el gasto es cada vez más federalizado.  El desencuentro entre los estados de la Alianza Federalista y el gobierno de la República tiene una vertiente político-electoral, cada uno de los actores en esta disputa busca contar con más recursos para impulsar el triunfo de sus respectivos candidatos en junio del 2021. Sin embargo, el tema también puede abordarse desde una parte puramente económica, el conocer los avances obtenidos por el gobierno por reducir las diferencias regionales en materia de desarrollo, hay que recordar que existen dos Méxicos, el del norte y centro de país industrializado y próspero, y el del sur, con grandes rezagos estructurales y un índice de desarrollo mucho menor.

Uno de los propósitos de la Coordinación Fiscal, es disminuir las carencias mediante la distribución ponderada de los ingresos federales. De ahí que a los estados con mayores necesidades les toca una mayor proporción del gasto. Como ejemplo, en el Presupuesto de Egresos 2020, al estado de Tabasco le correspondió un monto de 21 mil pesos por habitante, mientras que a Querétaro le tocó 16 mil; a Oaxaca, 18 mil 500 pesos y a Guanajuato, 13 mil 600; a Guerrero, 18 mil pesos y a Nuevo León, 14 mil 800. (Fuente PEF 2020). Lo cierto que en México, como en  muchos de los países, el sistema fiscal es redistributivo para compensar la desigualdad regional. Se trata de un principio ético y un criterio de gobernabilidad, pero también entraña una lógica económica. Las economías de las zonas prósperas tributan más de lo que reciben, efectivamente, pero no hay que olvidar que son prósperas en buena medida porque operan en un mercado nacional. Amenazar con la desintegración del país es preocupante. Algunos sugieren que sería la balcanización del país, los estados desarrollados e industrializados del norte por un lado; y al sur los subdesarrollados y pobres, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Pero en estos tiempos peligrosos de pandemia, polarización social y gobierno autócrata no hay que estirar mucho la cuerda. Cuando se especula  con el futuro del pacto fiscal (una ley que tendría que actualizarse y renovarse en su caso, ya que el país es otro muy diferente al de 1978, cuando se estableció la actual ley, o se discute incluso de abandonar o no el pacto federal, se termina agrandando en la afrenta más dolorosa que tiene México y la que ha provocado las más graves rupturas:  sus profundas desigualdades regionales.

El rompimiento del pacto federal no es solo un tema jurídico, es una protesta de un tercio de las entidades frente a una decisión en donde el presupuesto federal del gobierno actual, solo dota de recursos a tres proyectos emblemáticos e inútiles, y para  sus paraestatales quebradas, Pemex y CFE y ya no queda más para entidades y población. El tema no es una vacilada de los Estados Federalistas, más bien es un reto que debe resolverse por medio del diálogo y la negociación. La unidad nacional es responsabilidad del presidente de la república. La situación por la que atraviesa el país con las crisis sanitarias más de 92 mil muertos y 900 mil contagiados, la inseguridad galopante de un estado fallido, y la economía hecha pedazos con millones de nuevos pobres. Y lamentablemente la administración “lopezobradorista” no ha logrado dar certidumbre para la generación de confianza en la sociedad, ni atracción de nuevos capitales, ni fomento a la inversión, ni desarrollo, ni creación de nuevos empleos, ni generación de riqueza, ni seguridad, ni estabilidad, ni libertad y mucho menos cohesión social. Promover y desarrollar la economía, la salud, la seguridad es la grave responsabilidad que tiene el Estado en su función rectora y para tal fin, debe respetar y robustecer la institucionalidad, no mermarla ni violentarla sistémicamente, como lo hace cada mañana el jefe del ejecutivo.

ES CUANTO

ADENDDUM: con los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo se vislumbra un escenario más óptimo para los partidos de oposición en Guerrero, para frenar a Morena en los comicios del 2021. El mal desempeño del gobierno de la 4ª-T aunado al desencanto popular puede dar muy buenos resultados al PAN, PRI, PRD y MC, en coalisión por supuesto.

 

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