Por: Indalecio Dangond

La crisis por la pandemia de coronavirus y el cambio climático obligó a los gobiernos del mundo a enfocar sus presupuestos en el fomento de los negocios con sostenibilidad medioambiental y en el fortalecimiento de los sectores empresariales productivos para crear más empleos, reducir la brecha de la pobreza y atajar el calentamiento global.

Esta estrategia inicialmente impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un plan de empleos que exigió una inversión de US$2,3 billones, y el nuevo Pacto Verde Europeo del Acuerdo de París, sumados al impulso del crecimiento de la agroindustria en China, generaron un alza de los precios en las materias primas por el aumento de la demanda a nivel mundial de los principales commodities energéticos y agrícolas. Ello obligó a las compañías globales y nacionales a acelerar sus estrategias de inversión en proyectos nuevos y de expansión.

El sector minero-energético —petróleo, carbón, gas natural, hidroenergía y minerales como oro, plata y platino— comenzó a acelerar sus inversiones para que no lo cojan con los calzones abajo. Un informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) proyecta una inversión en exploración y producción de petróleo y gas por más de US$3.100 millones. Otras que pusieron el acelerador fueron Ecopetrol, ISA, Glencore, Gases del Caribe y AngloGold.

En el sector agrícola desafortunadamente no vemos a la vista un proyecto de gran envergadura en el país. Desde este espacio he sugerido varias veces al Gobierno priorizar y acelerar las inversiones para construir un terraplén y un par de puentes que conecten Vichada, Casanare y Meta con Bogotá y los principales puertos del país, para atraer inversionistas que desarrollen unos tres millones de hectáreas en cultivos de soja, maíz, arroz, palma, forestales, cacao y la producción de carne bovina para exportación.

En el Urabá antioqueño y en la región Caribe, por ejemplo, se puede desarrollar otra área similar si el Gobierno enfoca su presupuesto de inversión en canales y presas de riego. En la Costa un proyecto agrícola rentable requiere una precipitación mínima de 1.800 mm al año y por efecto del cambio climático sólo están cayendo 990 mm en promedio anual. Si el Gobierno resuelve estos dos obstáculos y garantiza la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra durante los periodos productivos de los proyectos, tengan la plena seguridad de que el año entrante rompemos el techo de los 4,6 millones de hectáreas que llevamos hace 30 años cultivando y reducimos los 14 millones de toneladas de productos agropecuarios que importamos anualmente.

Esta semana conocí un cultivo de arroz en Casanare con un rendimiento de 7 toneladas/ha, uno de maíz amarillo en el Valle del Cauca con 8 toneladas/ha y otro de palma de aceite en el Magdalena con 22 toneladas/ha, todos con un costo de inversión y sostenimiento de $4 millones/ha. Con estos números, nos damos el lujo de vender por debajo de los precios de importación. El tema a solucionar urgentemente es el de proveer bienes públicos y buenas prácticas agrícolas. Ahí está el quid de los negocios rentables.

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