Fernando Reina

Esta semana se ha ventilado el planteamiento de autoridades electas para que quienes están próximos a su salida busquen financiamientos con miras al cierre de año y sus gastos inherentes.

El artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su numeral 2 estipula que cuando se contraiga deuda a corto plazo deberá de quedar totalmente pagada a más tardar 3 meses antes de que se concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente.

En Estados como el nuestro en el que las administraciones municipales concluyen durante el último tercio del año se genera la siguiente problemática:

1.- Para el último trimestre, el presupuesto anual aprobado se encuentra comprometido en su totalidad, dejando amarrado al nuevo gobierno; tratándose de administraciones de 36 meses, se pierde cerca del 10% del periodo total de gobierno -tomando en cuenta que los ayuntamientos asumen funciones en octubre-

2.- El capítulo 1000 (servicios personales) presenta un problema/reto para quienes tomarán las riendas al cierre del año, ya que el mes dónde se realizan los pagos más fuertes es en diciembre; aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones se aglutinan en el cierre del año calendario.

3.- Estadísticamente los municipios tienen sus meses de más baja recaudación en octubre y noviembre, por lo que si no se hace una planeación financiera responsable por parte de quienes se van, se corre el riesgo de poner en jaque a quienes entran en cuanto a los pagos referentes al mes de diciembre -siendo esta la constante-.

Lo anterior merece un estudio mucho más profundo por parte de los legisladores locales que son quienes tienen facultades para hacer un análisis con los datos financieros de los hasta ahora 81 municipios y derivado de este, buscar una solución a lo antes planteado.

En Oaxaca, Estado de México, Coahuila, Morelos y Veracruz el cambio de administraciones municipales hasta hace poco se llevaba a cabo en el ocaso del año -como ahora en Guerrero-, hoy día gracias a la intervención de los órganos legislativos locales, las autoridades municipales rinden protesta el 1 de enero.

Quizá en esta coyuntura de renovación que se avecina -ejecutivo estatal, municipios y poder legislativo-, vale la pena que se evalúe este asunto que recibe a los nuevos ediles como si fuera una bomba a punto de estallar. 

A veces y solo a veces pareciera que quienes se van tratan de dejar obstáculos a quienes llegan, ignorando que a quien en realidad dañan es al ciudadano al que algún día fueron a pedirle su confianza por medio del sufragio.

 

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