Enfoque Informativo.

El Ejército Mexicano, durante un operativo en la Sierra de Atoyac localizaron, decomisaron y destruyeron  plantío de coca y un laboratorio clandestino, como parte de la aplicación de la Ley contra enervantes en su modalidad, siembra cosecha y distribución, aseguro el teniente coronel de infantería  segundo comandante del 109  batallón de infantería Enrique Benítez Campoy

Se trató de  Seis plantíos de coca y un laboratorio donde se realizaba si proceso de elaboración  fue asegurado por el ejército mexicano, en las inmediaciones  entre el Río Santiago y que El Porvenir.

De acuerdo con el operativo, los efectivos del ejército, detectaron  seis hectáreas de plantíos de coca y un laboratorio donde se hacía el proceso químico con otras sustancias fueron destruidos por parte del ejército mexicano, localizado en las inmediaciones entre el río Santiago y el porvenir a 900 metros del nivel del mar y 80 kilómetros del Ticuí.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Estado de Guerrero es el primer cultivador de amapola en México y representa una de las principales zonas productoras de goma de opio en el mundo. La relevancia estratégica de esta situación contrasta con la pobreza de su análisis.

Las ciencias sociales han dado a la cuestión de los cultivos ilícitos un tratamiento marginal, el cual suele restringirse a prescripciones normativas y oscila desde la criminología y el derecho penal, hasta la economía de los mercados ilegales.

Este artículo aborda el tema en su dimensión propiamente política y de manera crítica, es decir, en contra del discurso oficial del prohibicionismo, el “combate al narcotráfico” o la “lucha anti-drogas”, con el fin de poder indagar, en cambio, acerca de las relaciones históricas que unen el tráfico de las drogas ilegales con las políticas del Estado mexicano y, en particular, los cultivos ilícitos con la principal institución encargada de su erradicación: el ejército.

Es lo que nos proponemos hacer, a partir de un trabajo de investigación realizado en Guerrero sobre el cultivo de la amapola. 

Hablar de cultivos ilícitos nos conduce irremediablemente a la cuestión del tráfico de drogas. Ahora, si nos basamos en la idea de que la política antinarcótica, hoy articulada en torno a la “guerra al narcotráfico”, más que promover la salud pública, en realidad busca justificar el ejercicio de la mano dura del Estado mediante su militarismo, entonces nuestro análisis debe pasar por la deconstrucción sistemática del discurso dominante y de los mitos que lo sustentan.

Esta situación no es fortuita, sino que es el producto de un largo y sistemático trabajo mediático de propaganda. Si hoy el “narco” está en nuestras cabezas, es porque primero estuvo en los discursos oficiales y apareció en las primeras planas de los periódicos. Si ahora estructura las conversaciones diarias, es porque allí se repite lo anunciado día tras día por los noticieros televisivos y radiofónicos. En este sentido, el tratamiento de la información dado por los medios masivos de comunicación en años recientes, mucho tiene que ver con esa omnipresencia del “narco”.

En México, desde el discurso oficial es construida la imagen de un nuevo enemigo para la “seguridad nacional”. Con el cambio de siglo es operado un giro discursivo cuyo centro es ahora ocupado por la figura cruzada del “narcotráfico” y de la “delincuencia organizada”. Ahora, si bien el tema del tráfico de drogas en sí no era nada nuevo dentro de la política nacional, en el contexto de la política exterior estadounidense de los años 2000, la traducción e imposición de la agenda del llamado “combate al terrorismo y al narcotráfico” vuelve a poner énfasis en esta segunda cuestión, sobre todo a partir de las administraciones federales panistas. De allí en adelante, empieza a ser producido desde el Estado, de manera sistemática, un discurso centrado en la construcción del arquetipo de un enemigo: el “narco”.

Producto de esta labor permanente de propaganda, hoy existe una especie de saber estándar, de sentido común acerca del fenómeno delictivo, basado en una lengua franca para referirse a la crisis de seguridad pública, a su vez hecha de términos cuya apariencia explicativa sólo esconde una profunda ignorancia.

Estos últimos conforman una precaria mezcla, proveniente de diversas fuentes, desde el argot popular y la jerga penitenciaria hasta las consultorías empresariales, los manuales militares y los procedimientos penales, pasando por las notas periodísticas de la “crónica roja” y las muletillas del ministerio público.

Allí encontramos, además del “narco”, al “cartel”, su “jefe”, los “lugartenientes”, los “operadores financieros”, los “sicarios” y otros “halcones”, la “plaza”, los “cuernos de chivo”, el “cobro de piso” y los “levantones”, entre muchos más. En definitiva, “no es propiamente un lenguaje, ni un género de habla, sino apenas un vocabulario o poco más, pero de enorme atractivo, sobre todo para los medios.