CANDIDATOS LIBRES DE VIOLENCIA

Prometeo Hernández

La violencia contra las mujeres es inaceptable, en el ámbito político no es la excepción, lamentablemente, continúan patentes casos de superiores jerárquicos, colegas de trabajo o partidos políticos que atentan contra ellas, por el simple hecho de ser mujeres, obstruyen el desempeño de sus funciones, no reconocen y demeritan su trabajo, las acosan y/o amenazan, no atienden sus peticiones, impiden su participación, las tratan de manera diferenciada respecto de su pares, no cubren la remuneración que les corresponde, es decir, las invisibilizan, a este fenómeno se le denomina violencia política por razón de género.

Estas conductas perpetuadas en ciertas zonas del país propiciaron la adopción de criterios con la finalidad de erradicarlas. En el año 2018 no se permitió el registro como candidato a un presidente municipal que buscaba la reelección, por considerarse que incumplió el requisito de tener un modo honesto de vivir, contenido en el artículo 34 constitucional, en virtud de haber incurrido en violencia política por razones de género, ya que el requisito de un modo honesto de vivir se refiere al comportamiento adecuado de los ciudadanos, misma que exige ciertos deberes morales y jurídicos necesarios para tener la condición y poder contender como candidato a un cargo de elección popular, como es la no violencia y no discriminación, conducir su actuar con respeto a los principios de igualdad, así como evitar cometer cualquier tipo de violencia que lesione la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres, situación que fue contraria y, por consecuencia, lo hice inelegible para contender por la alcaldía.

Este año, se aprobó la creación de un registro público nacional y en cada una de las entidades federativas de personas infractoras en materia de violencia política de género, porque es un instrumento que contribuye a que las autoridades locales puedan corroborar si una persona cumple el requisito de tener modo honesto de vivir para poder competir y registrarse para algún cargo de elección popular. Cabe precisar que la inclusión en esta lista no implica necesariamente que quien aspire a una candidatura ya no esté en condiciones de competir, puesto que ello dependerá de las sentencias firmes e inatacables dictadas por los órganos jurisdiccionales, en otras palabras, se analizarán las circunstancias de cada caso. La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si la falta fue calificada como leve, hasta cuatro años si fue ordinaria, y hasta cinco años si fue especial, plazo que podrá incrementarse considerablemente si es efectuada por servidores públicos, partidos políticos, aspirantes, candidatos, medios de comunicación, cuando se dirijan a mujeres indígenas, con discapacidad o pertenecientes a la diversidad sexual o por reincidencia.

En esta línea, el INE acaba de emitir los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, donde señala que los aspirantes firmarán un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que afirmen: no haber sido condenados por violencia doméstica o cualquier agresión de género, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no haber sido sancionados como deudores alimentarios o morosos que atenten contra esta clase de obligaciones, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda, dando a entender que de incumplirse con estos requerimientos, no podrán ser registrados como candidatos. Igualmente, llevarán un registro de los casos de violencia política que se susciten, junto con los procedimientos internos para conocerlos, investigarlos y sancionarlos, con las respectivas medidas de protección y reparación que aseguren a la víctima la restitución de sus derechos políticos, pero, sobre todo, la no repetición de estos hechos tan repudiables.

Quienes ocupen puestos de elección popular tienen la encomienda principal de salvaguardar, reconocer y proteger los derechos humanos. Es por eso por lo que la violencia política por razón de género contraviene el sentido de la democracia, no es permisible utilizar una posición de poder para mermar u obstaculizar el pleno desarrollo de las mujeres. En suma, una persona, independientemente de su género, que haya violentado derechos, no puede representarnos.

@promehernandez

 

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