Por Jimena Escobar

Cada mujer tiene una historia por la que inició su viaje hacia otro país o región y todas ellas suman una amplia gama de experiencias que nutren al fenómeno migratorio. Un hombre y una mujer migrante podrán tener el mismo origen pero su tránsito no enfrenta, ni de cerca, los mismos desafíos.

Por qué migra una mujer, qué la hace llevarse un par de cambios de ropa, hijos a cuestas y un atado de dinero amarrado a su cuerpo. A simple vista podríamos englobar en cuatro grandes porqués: buscar mejores condiciones de vida; escapar de situaciones de violencia; reunirse con su familia y encontrar un empleo que les permita apoyar económicamente a sus hijos.

Quiero detenerme en la segunda causa migratoria femenina, huir de la violencia. Esa podría ser la respuesta que busco para entender que una mujer migre en las condiciones que lo hace y ser, en la práctica, una refugiada en otro país.

La migración es un derecho humano reconocido -el derecho a la movilidad humana- sin embargo, para nuestro país esto solo es admisible desde una visión humanitaria y no de derechos.

De acuerdo a ONU Mujeres, las mujeres constituimos aproximadamente veinte por ciento de la población migrante en tránsito irregular por México, es decir, alrededor de 30,000 mujeres al año. Nueve de cada diez mujeres centroamericanas en tránsito viajan principalmente por carretera.

Hay diferentes flujos migratorios, uno es el de tránsito por el territorio nacional hacia los Estados Unidos provenientes de Centro y Sudamérica; las mexicanas en la misma ruta y las que optan por permanecer en nuestro país.

De acuerdo a un estudio levantado por la organización Sin Fronteras la actual normatividad y práctica migratoria en México favorecen la vulnerabilidad de las extranjeras con vínculos familiares en el país, ya que su documentación migratoria está determinada por la dependencia económica con su cónyuge o pareja y obstaculiza su acceso a la justicia, demeritando sus vínculos locales con los hijos, por ejemplo, y poniendo en riesgo el principio de unidad familiar.

El flujo en tránsito por el territorio mexicano, en el caso de las mujeres y de las niñas, se agrava todavía más ya que enfrentan a situaciones de violencia,  trata y tráfico de personas, secuestros, abusos sexuales y discriminación. El caso de San Fernando, Tamaulipas aún galopa por las memorias de la abominable historia de horror mexicana.

El reporte de la ONU Mujeres también presenta los riesgos de presencia de violencia sexual contra niñas y mujeres no sólo en los trayectos de migración sino también en los albergues y centros de acogida. Estas situaciones tienden a quedarse impunes dadas las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas; por miedo, amenazas o falta de información. Una vez más, la ausencia de derechos.

Al Estado Mexicano, ciudadanos y ciudadanas nos compete un gran pacto que detalle cómo ser más eficientes, solidarios y congruentes con las y los migrantes. El país debe esforzarse como nunca antes en ofrecer facilidades de acceso a la justicia y el debido proceso legal de migrantes y toda aquella persona con necesidad de protección internacional, como aquellas que huyen por la violencia feminicida.

Posdata: El sexenio de EPN cerró la puerta para reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, esto que hubiera permitido a miles de familias víctimas de desaparición forzada a tener tener acceso a la verdad y a la justicia. Ayer, el Presidente András Manuel López Obrador envió al Senado de la República la petición para que se reconozca la competencia del Comité en nuestro país.

 

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