Agencias 

En Guerrero cinco mil 56 personas, 590 menores de edad, fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo en 2019, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Son habitantes de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión que huyeron por la violencia de grupos armados.

 

La CMDPDH presentó Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México Informe 2019 en los primeros días de junio que se encuentra en su página web. 

Con base en una investigación hemerográfica que incluye los desplazamientos de diez núcleos familiares en adelante o 50 personas, cuantifica cinco mil 56 víctimas de Guerrero, 590 menores de edad, inferior a las cinco mil 948 de 2017 pero mayor a las mil 650 del 2016, primer año de su registro estatal.

 

Representan el 44 por ciento de las 11 mil 491 víctimas del país y aumentan a 338 mil 405 desde 2006.

 

Muy cerca está Chiapas con cinco mil 35 desplazados, luego Sinaloa con 860, Oaxaca con 300 y Michoacán con 240.

 

El informe señala que la causa de los 13 desplazamientos en Guerrero es la violencia de grupos armados.

 

Vía telefónica se le preguntó a la coordinadora del área de desplazamiento de la CMDPDH, Brenda Pérez por qué el estado presenta varios episodios mientras que otros igual de violentos no. Dijo que probablemente influya la disputa del territorio que ocasiona una singular violencia con el fin de ahuyentar a comunidades enteras.

 

También puede existir un sesgo informativo de los medios en otros estados que no publican sobre estos hechos como en Guerrero. Criticó la falta de registro gubernamental que no permite cuantificar de manera exacta la magnitud del problema.

 

El episodio más numeroso ocurrió el 11 de noviembre cuando dos mil personas aproximadamente, 400 menores de edad, de las comunidades Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, se desplazaron por enfrentamientos entre grupos armados, uno de ellos el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) conformado por tres mil hombres.

 

El 17 de noviembre intentaron retornar pero su caravana, acompañada de militares, policías, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue atacada entre Los Morros y Campo de Aviación.

 

El Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que las víctimas deben tener seguridad y libertad de circulación, acceso a la alimentación, vivienda, agua, salud, educación y empleo, entre otros derechos.

 

Brenda Pérez señaló que los desplazados de Chichihualco evidenciaron la falta de entendimiento de las necesidades de las víctimas, de protocolos de actuación y de una repartición clara de las responsabilidades de las dependencias involucradas. Expuso que el derecho al retorno debe ser asistido, seguro y digno lo cual no se ha logrado ante la falta de condiciones “porque no se combaten las causas estructurales que causaron el desplazamiento”.

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