Juan José Romero

El diputado local  del PRI, Jorge Salgado Parra, calificó como un retroceso a la reforma al Artículo 19 de la Constitución política federal, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, porque violenta las garantías individuales.

En la sesión de este día del congreso local, se lleva a cabo la discusión sobre la minuta, tras la aprobación por parte de legisladores federales;  el legislador, dijo que de manera personal, como parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos consideró que la prisión preventiva oficiosa, va en contra de la presunción de inocencia, contemplado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Yo estoy a favor de que se respeten los derechos individuales y esta prisión preventiva oficiosa no abona en absolutamente nada, es como si estuviéramos en años anteriores o en sexenios anteriores que parecería que tenemos al arraigo como medida precautoria pero ahora con otro nombre que se llama prisión preventiva oficiosa”, expuso.

El legislador local,  manifestó su desaprobación en torno al dictamen, ante el pleno, porque incluso la Comisión Interamericana señala que esta figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa debe ser utilizada como un recurso excepcional ya que de otro modo se violan las garantías individuales de los ciudadanos

Consideró que el Ministerio Público debería pedirle al juez que entre a la investigación del asunto, y no usar la prisión preventiva oficiosa como mecanismo inicial, porque significa que la prisión podría darse en automático sin ninguna investigación de por medio.

Con base a la reforma constitucional, se contempla dentro del catálogo de delitos, para la prisión preventiva: El abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga.

Además de robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Durante un intenso debate en el congreso local el priista señaló la figura de la prisión preventiva oficiosa podría derivar en detenciones arbitrarias como sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón con el arraigo.

Incluso señaló que esta figura podría ser utilizada como instrumento político del gobierno en turno, y reprochó a sus compañeros diputados que aprobaron esta reforma, “ojalá que a quienes voten a favor no les apliquen esta figura”, apuntó.  

Incluso señaló que los delitos que fueron integrados al catálogo, podrían ser utilizados por el gobierno para perseguir a sus adversarios políticos, máxime que no existe temporalidad para la prisión preventiva oficiosa a diferencia del arraigo que en el sexenio de Felipe Calderón era de 30 días.

Salgado Parra, detalló que la figura de presunción de inocencia de acuerdo con los juristas sirve para “investigar”, pero ahora con la prisión preventiva oficiosa “lo que se hace es que se detiene para poder investigar”.

Consideró que hace falta una mayor profesionalización de los ministerios públicos y para ello, dijo se requiere que la federación destine recursos y enviar a cursos y actualizaciones a los agentes del ministerio público para tener una investigación y detener en algunos casos.

Dijo que es necesario que los delitos plasmados en este catálogo, sean acotados y puso como ejemplo la corrupción, la cual han señalado que existe pero no se ha podido sancionar a nadie, señalo.

“Esa figura de la prisión preventiva oficiosa de entrada atenta contra los derechos individuales, atenta contra los derechos humanos y atenta contra la presunción de inocencia”, indicó.

En tanto el perredista Bernardo Ortega Jiménez lamentó que el gobierno federal no escuche a un sector de la población que ha alertado de las consecuencias que esta figura podría traer, porque con esto se “involuciona” es decir se retrasa y representa un peligro para la sociedad.

Al final por mayoría de votos de Morena y su aliados, la reforma constitucional fue aprobada por mayoría, con los votos en contra de las fracciones del PRI, PRD, PAN y PVEM.

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