Agencias

El diputado local, Arturo Martínez Núñez, mediante oficio, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva realizar excitiva a la presidencia de la Comisión de Justicia para que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el que se reforma la Fracción I del Articulo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero,, promovida por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena referente a la interrupción legal, del embarazo en caso de violación.

Actualmente el artículo 159 del Código Penal establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo resulte de una violación, siempre y cuando se presente una denuncia ante el Ministerio Público que, a su vez, deberá emitir una autorización para la interrupción del embarazo.

Sin embargo, el 12 de marzo pasado los legisladores de Morena presentaron su iniciativa con la que pretenden eliminar el requisito que establece el involucramiento del Ministerio Público, para que las víctimas accedan al aborto de manera inmediata y sin revictimización.

Esta reforma ha sido también una recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en la segunda alerta de género decretada en el estado el pasado 10 de junio.
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En su solicitud de excitativa los diputados de Morena consideraron que fue acertada la solicitud de alerta de género por agravio comparado que en su momento promovieron organismos civiles, y recordaron que, derivado de esa alerta, se sugirió al Poder Legislativo estudiar, revisar y modificar la legislación relacionada al a interrupción legal del embarazo por causal de violación.

“Los diputados proponentes de la iniciativa en referencia consideramos que existe un agravio comparado al señalar que porque las mujeres accedan a su derecho de interrupción legal del embarazo producto de una violación, se les exija como requisito la comprobación del delito por parte del Ministerio Público y solo así esta institución autorice la práctica de la interrupción del embarazo”.

Aunado a ello, recordaron que han transcurrido casi 120 días sin que la Comisión de Justicia, presidida por el priista, Omar Jalil Flores Majul, haya emitido el dictamen correspondiente, lo que, consideraron un incumplimiento del artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que las iniciativas turnadas a comisiones deberán ser dictaminadas dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Al respecto, Alberto Catalán Bastida expresó que tomaba conocimiento de la solicitud de iniciativa y exhortó a la Comisión de Justicia a que presente el dictamen en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

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