Por José Antonio Rivera Rosales

 

Desde principios del año pasado el Congreso Nacional Indígena (CNI), organización que agrupa a los hablantes de 46 lenguas y dialectos de varios estados del país, tomó distancia del proyecto gubernativo de Andrés Manuel López Obrador.

Decía entonces, como lo afirma ahora, que López Obrador representa la continuidad del sistema neoliberal, lo que se demuestra con decisiones que privilegian al gran capital en lugar de atender a las masas populares pobres que constituyen el 60 por ciento de la población total de México.

Esa postura la refrendó más tarde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en diciembre pasado, en ocasión de su 25 aniversario, de plano expresó un rotundo rechazo al proyecto de gobierno del gabinete presidencial.

De acuerdo con versiones creíbles, las diferencias entre AMLO y el EZLN ya tienen su tiempo, pero el caso es que no se habían manifestado tan rudamente como en diciembre  cuando mandos históricos del EZ lanzaron denuestos y descalificaciones contra el ahora presidente de la república. En congruencia con esa línea de pensamiento, ahora tocó el turno de expresarse al Ejército Popular Revolucionario (EPR), una de las formaciones irregulares armadas más antiguas del país.

¿Por qué decimos que es de las más antiguas? Existen antecedentes de que algunas células históricas de la guerrilla, como el Grupo Coyote, operaba en Ciudad Netzahualcóyotl desde 1964, es decir, desde cuatro años antes de que se perpetrara la infausta matanza de Tlatelolco, que marcó la vida de México. Esas células dispersas posteriormente evolucionaron a la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo (ORCUP), que después transitó al PROCUP-PDLP y, finalmente, al Ejército Popular Revolucionario como ahora lo conocemos.

Con una firme convicción fincada en la estrategia maoísta conocida como Guerra Popular Prolongada (GPP), esta formación de guerrilla se ha mantenido, con todo, dentro de una postura dogmática que no cede a otra cosmovisión de lo que pudiera ser una oposición armada con mayor arraigo en las comunidades. Esta postura inflexible les ha ganado una fama de “duros” que los mantiene aislados del resto de la sociedad. Esa fue al parecer una de las diferencias fundamentales con otra formación, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que ha logrado construir -no sin altibajos- una amplia base social que, huelga decirlo, se traduce como una profunda raigambre popular.

Sin embargo, el hecho de que el EPR es una organización hermética y sectaria, como algunos analistas la consideran, no les limita sus capacidades de combate, hostigamiento y sabotaje, lo que debería tener preocupado al gobierno de López Obrador. ¿Quieren una muestra de ello, estimados lectores? Sólo recuerden los atentados contra tanques y ductos de Petróleos Mexicano cometidos en 2007, en demanda de atención por la desaparición forzada de dos militantes destacados del EPR. Para el efecto, las células del EPR utilizaron semtex, un explosivo militar de alto rango y con una enorme capacidad destructiva que causó un daño sensible a la instalación así como a la economía. En su más reciente número de El Insurgente, órgano de difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario, el EPR expresa su total rechazo a la Guardia Nacional en vías de formación, que aunque estará presidido por un mando civil, en realidad acatará directivas de operación del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De entrada, en su editorial el EPR define a la administración de López Obrador como “un gobierno capitalista con una política burguesa” que se manifiesta en “la continuidad del estado policiaco militar y el impulso al desarrollo capitalista” lo que, en su lectura, son los dos rasgos que definen el proyecto gubernativo de AMLO. Ya habíamos dicho en este espacio que, efectivamente, el gobierno de López Obrador de ninguna manera es de izquierda. Se trata de una administración, a lo sumo, de derecha moderada que no podrá sustraerse de la globalización económica ni del gran capital, como lo hemos constatado al paso de los días con la integración de su gabinete. Pretextos no le faltan, pero el caso es que algunos impresentables son ahora poderosos miembros de su gobierno.

Algunos analistas habían pensado que la oposición armada le daría a la gestión de López Obrador un plazo de gracia de dos a tres años,  para ver si de verdad aplicaba principios de atención a las grandes masas populares, en especial porque su gobierno cuenta con el respaldo de 30 millones de votos que lo revisten de inequívoca legitimidad.

Pero, a juzgar por estos pronunciamientos, no llegamos ni a tres meses cuando algunos sectores de la oposición armada ya lo están descalificando. De ahí a la acción armada, no parece existir mucha distancia. Habrá que esperar a los próximos meses de este 2019 para ver si otras oposiciones armadas apoyan u objetan el gobierno del tabasqueño, que deberá rendir frutos en un plazo mediato si no quiere ver transformado el apoyo popular en molestia y enojo. Por lo pronto, en gran parte del movimiento social existe un claro sentimiento de esperanza en este gobierno de transición, pero si no hay resultados particularmente en la pacificación del país -una de las más anheladas aspiraciones del pueblo mexicano-, entonces cundirá el desaliento.

Ya habíamos anticipado que de ninguna manera habrá pacificación con el advenimiento del gobierno obradorista por la sencilla razón de que las condiciones de ilegalidad constituyen la veta de ganancias del crimen organizado. La Guardia Nacional podrá ofrecer una percepción de gratificante tranquilidad a la población común y corriente, que es la que sufre la extorsión y la violencia criminal, pero habrá que esperar si ello se traduce en el desmantelamiento de las formaciones criminales, en lugar de la estrategia de decapitación (capturar o abatir a los jefes), que sólo provocó una fragmentación que generalizó la violencia en todo el país. Pero López Obrador ya dijo que no perseguirá a los capos ¿entonces que esperamos el común de los mortales?  

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