Por Julio Zenón Flores Salgado

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, resulta muy oportuna, en uno de los momentos más difíciles por los que atraviesa la entidad.

Y es que además de los problemas históricos que padece este estado del sur de México, que le aportó más de un millón 14 mil votos en la elección del 2018, lo que lo colocó entre los diez estados de mayor votación por el tabasqueño, incluso por encima del porcentaje obtenido en la CDMX, Guerrero vive momentos críticos al caerse casi por completo sus ingresos propios, provenientes en un 80 por ciento del turismo y en una pequeña parte de la minería y de la agricultura.

Más difícil todavía, es la situación de municipios que, como Acapulco, no tienen minería, carecen de una agricultura significativa y dependen de una economía basada en el turismo, el cual quedó completamente desarticulado desde el comienzo de la pandemia, a finales de febrero de este año y cuyas temporadas altas pasaron prácticamente en cero para quienes viven de esa industria.

La visita de López Obrador es una buena oportunidad, para insistirle en la necesidad de bajar la tarifa de cobro de la electricidad, como se ha demandado constantemente, ya que el pago caro de ese servicio superbásico, es una de las causas de los cierres de pequeñas empresas e incluso, fatalmente, de la suspensión del servicio de agua potable a los habitantes de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, principalmente.

Habría que recordar que en otras partes del país, el presidente ha autorizado importantes descuentos y hasta cancelaciones de adeudos, como lo hizo en su natal Tabasco, por lo que, como dicen los abogados, ya habiendo precedente, mucho ayudaría si al menos cancela los adeudos que tienen los organismos operadores del servicio de agua CAPAMA, CAPAMI y CAPACH, sin que eso signifique dejar sin castigo a quienes en su momento dejaron de pagar la energía eléctrica y desviaron los recursos destinados a ese fin.

Vale referir aquí que la CFE aplica a CAPAMA una tarifa industrial arbitrariamente elevada, al cobrarle como si se tratara de una industria, en vez de aplicarle la novedosa “tarifa social”, al ser un organismo de servicio para dotar un recursos fundamental para la vida.

De igual manera, se debería de aprovechar para insistir en un nuevo pacto de coordinación fiscal, que se interés más en los ingresos de los municipios y menos en los que se queda la burocracia estatal.

En ese sentido, pareciera ilógico que Acapulco, siendo un municipio con una población superior a la tercera parte de la población total del estado, reciba un presupuesto que no llega ni al 7 por ciento de lo que recibe la entidad: es decir, que mientras el estado de Guerrero recibe un promedio de 60 mil millones de pesos al año para una población de 3 millones 400 mil habitantes, Acapulco apenas recibe 4 mil millones de pesos para una población de un millón 200 mil habitantes. Como se observa, es totalmente desproporcionado y carece, esa distribución de los recursos, de todo principio municipalista.

Si se hiciera una ajusta distribución presupuestal, a Acapulco le deberían entregar al menos 20 mil millones de pesos en vez de los 4 mil que en promedio recibe actualmente, lo que le permitiría atacar los viejos problemas que su deformada economía basada en un obsoleto modelo turístico le generan y que dan pie a una escandalosa diferencia social, entre los grandes millonarios que disfrutan de todos los bienes en la zona Diamante y las familias que sobreviven con menos de 3 dólares al día en la zona del polígono D, altos de la Zapata o Renacimiento, verdaderos cinturones de miseria, que colocan al municipio entre aquellos que tienen mayor población en pobreza extrema, por encima incluso de los de la Montaña alta, que también sufren de carencias terribles.

Al respecto, habría que recordar que la presidenta municipal del puerto, Adela Román Ocampo, ya puso el dedo en la llaga al proponer, en el contexto de la Asociación Mexicana de Autoridades Locales, un nuevo pacto de coordinación fiscal que priorice a los municipios.

El tema del agua es otro de los temas que el presidente mexicano debería de abordar en su visita a Guerrero y en especial a Acapulco.

Su política anticorrupción no bajará a los municipios si no se aborda la situación de los organismos operadores como la CAPAMA, que alguna vez fueron empresas exitosas, pero que han sido largamente saqueadas y rescatadas de cuando en cuando con recursos federales y que cada día están peor y dan un peor servicio, dejando en la indefensión, respecto a un derecho humano como el agua potable, aun a aquellos que tienen su conexión domiciliaria y que pagan oportunamente su consumo, y, peor todavía, a aquellos que carecen de una red domiciliaria y a la cual se les proporciona, casi como una dádiva, agua por medio de pipas, que la mayoría de las veces han sido usadas con criterio clientelar y político.

El presidente de la república debiera exigir cuentas tanto a las autoridades anteriores como a las actuales, acerca de los destinos de los recursos y encabezar una jornada para rescatar, limpiar, transparentar y eficientar esos organismos como CAPAMA, para garantizarle el derecho humano al agua a la población, empezando por una seria lucha contra la corrupción que los ha desvalijado.

Hay otros temas que se le pueden tocar, como el rescate del viejo proyecto del tren bala, que fue vetado por los viejos caciques ahora arrinconados, y que podría equipararse al tren maya del sureste, o el rescate de la amplia zona que tiene concesionada la API de la terminal de cruceros de Acapulco, hasta los temas políticos, como el de la violencia de género en un estado donde las mujeres son atacadas por su participación en política, entre otros.

COMPARTIR