Por Ignacio Hernández Meneses

 

El diputado Arturo López Sugía promueve en conjunto con la diputada del PAN Guadalupe González Suástegui una iniciativa de adiciones a la Ley de Educación  del Estado de Guerrero para que en las escuelas se establezcan protocolos de seguridad para el trayecto de los niños de regreso a sus hogares a la que se ha llamado “Ley Fátima” en memoria de la menor asesinada el pasado mes de febrero en la Ciudad de México.

Entrevistado al respecto, el parlamentario dijo que “el objetivo es que nunca más permitamos que vuelva a ocurrir un hecho tan deleznable, no en las escuelas de Guerrero, no vamos a permitirlo”.

Luego de subir a tribuna el pasado 18 de febrero, el legislador de Movimiento Ciudadano urgió a que las escuelas de Guerrero contaran con una Guía Operativa que ayude a evitar en la medida de lo posible que ocurran casos como el de la pequeña Fátima en la Ciudad de México, la cual fue robada a la salida de la escuela luego que sus padres no llegaron a tiempo a recogerla.

Ante el pleno del Congreso de Guerrero se presentó la iniciativa conjunta a la que dio lectura la diputada González Suástegui y que fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

En ésta, los legisladores proponen adicionar la fracción XVII al artículo 7, y además un párrafo quinto al artículo 42 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, Número 258.

Esto porque actualmente, en el Estado de Guerrero no existe ningún protocolo formal y estandarizado destinado a salvaguardar la integridad de los menores al término de la jornada escolar, sino que cada centro educativo se organiza de manera interna en lo que tiene que ver con la entrega de los alumnos a sus padres o tutores.

Tampoco existe en la legislación local, específicamente en la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158, ninguna referencia a la protección de los menores desde el momento de abandonar el centro escolar y en el trayecto del camino a su domicilio.

Lo anterior pese a que en la actualidad ya existen diversas normatividades que obligan a velar por la seguridad de los menores, entre éstos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que en su artículo 35, pide a los Estados Partes que tomen “todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”.

Mientras que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”, recuerdan en su iniciativa.

COMPARTIR