Por: Jaspe Venegas

El bloqueo de vías de comunicación se ha vuelto una expresión de protesta tan cotidiana que ya no es novedad. Pero sí una constante motivo de inconformidad y molestia ciudadana.

Y es que nadie se puede ni se debe acostumbrar a que le cierren el paso o le impidan circular libremente.

En Guerrero y en todo el territorio nacional, han existido innumerables protestas de diversos sectores sociales en carreteras, calles y avenidas, así como accesos a edificios públicos.

Maestros, estudiantes, campesinos, padres de familia, sindicatos, pobladores de comunidades, comerciantes, transportistas y un sin fin de organizaciones sociales, han utilizado, lamentablemente, el bloqueo de vialidades como una medida de fuerza o presión para hacer algún reclamo al gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.

En nuestra entidad, y principalmente en Chilpancingo -al ser la capital del estado-, las manifestaciones se han vuelto el “pan de cada día”. Desde las más breves e irrelevantes hasta las protestas graves e históricas que incluso han cobrado vidas humanas.

Cuando la autoridad ha intentado aplicar la ley y desalojar a los manifestantes, generalmente se han obtenido resultados desastrosos. Pese a que la palabra “diálogo” predomina en los discursos políticos, no se ha tenido éxito en la práctica. De tal forma que se recurre a la fuerza pública, generando enfrentamientos violentos entre grupos antimotines y manifestantes.

Al ser un medio para expresar ideas, reclamos o inconformidades, la protesta social es un derecho de todo ser humano, pero no a costa de afectar derechos de terceros.

No se trata de criminalizar la protesta, porque bien sabemos que existen enormes injusticias que ameritan levantar la voz y reclamar al gobierno en turno sus deficiencias y omisiones. Se trata de hacer conciencia y buscar otros mecanismos, otras alternativas que no afecten a la sociedad.

O, quienes bloquean avenidas y carreteras, ¿creen realmente que afectan a las autoridades, al gobierno o alguna dependencia? ¡No! Los principales afectados son los trabajadores que no pueden llegar a su trabajo o su casa, los turistas que se quedan por horas atrapados en la autopista, los padres de familia que se trasladan por sus hijos, ¡los enfermos que no pueden llegar al hospital! Los principales afectados somos los propios ciudadanos. Quien bloquean piden justicia pero cometen otra injusticia.

Las autoridades han sido muy débiles ante esta problemática. No hay diálogo efectivo, ni estrategia política, ni castigo para nadie. Por eso a cualquiera se le hace fácil apropiarse, por ejemplo, de la Autopista del Sol, y cerrar el paso. La ley es letra muerta.

A pesar de que interferir o alterar cualquier vía de comunicación es considerado un delito que el Código Penal Federal califica como un ataque directo, no se sanciona a nadie. Cuando las penas por estas conductas pueden ir desde 15 días hasta 30 años de prisión dependiendo de la gravedad, según la Fiscalía General de la República.

La sociedad lo exige: No protestar por una injusticia cometiendo otra injusticia. Recordemos que existe el derecho a protestar, pero no pisoteando el derecho que tenemos todos de transitar libremente.

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