Por Juan José Romero

 El secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca reveló durante su comparecencia, que en el estado operan por lo menos 24 “agrupaciones armadas” bajo la figura de la Policía Comunitaria, al margen de la ley.

Al comparecer ante diputados de comisiones unidas de Seguridad Pública y Justicia en el Congreso local, afirmó que bajo la ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, solo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tiene reconocimiento legal.

Agregó que los miembros de esa agrupación ciudadana, con influencia en localidades indígenas de La Montaña y Costa Chica, no cuentan con ninguna certificación, pero sí mantiene una coordinación con las instituciones policiales.

A pregunta, sobre el número de menores de edad que han sido reclutados por las organizaciones armadas, autollamadas “policías comunitarias”, el funcionario estatal afirmó que la dependencia no cuenta con el control de ellos.

Dijo que a través de operativos policiales, se ha logrado el retiro de retenes que grupos de civiles armados mantenían en los tramos de carreteros de Chilpancingo-Petaquillas, en el municipio de La Unión, zona de la Costa Grande y Xaltianguis, municipio de Acapulco.

Portillo Menchaca negó cualquier vínculo de elementos policiacos con algún grupo delincuencial, pese a las condiciones salariales, y señalo: “yo soy el más interesado en que haya una plena aceptación de la sociedad, porque eso es lo que se piensa, que la policía tiene vínculos y eso ha generado la desconfianza”, apuntó.

 

Destacó que el estado cuenta con 4 mil 299 elementos en total, de los cuales, sólo el 15 por ciento ha logrado la certificación de los 4 puntos que les califican para el servicio, mil 333 elementos ha cursado actualizaciones y diplomados.

El titular de Seguridad Pública pidió por otro lado a los diputados locales modificaciones necesarias a la ley 777 en materia de seguridad Pública, para se establezcan reglas claras en torno a la carrera policial en el estado.

“Para evitar la corrupción de los policías, necesitamos darle certeza laboral, lo repito ya lo había hecho en una pregunta, necesitamos darle certeza en el momento que ingresan los policías a la corporación”, expuso.

Agregó que uno de los reclamos que hacen los uniformados, es la carga laboral de trabajo que tienen, no obstante, dijo que debido a la situación porque la vive el estado es complicado dar más horas de descanso para los policías.

URGE REFORZAR ESTRATEGIAS EN GUERRERO

Bajo la premisa de que brindar seguridad y paz a los ciudadanos es responsabilidad conjunta de todos los órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, diputados locales ofrecieron coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las estrategias y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de devolverle la paz y la armonía a Guerrero.

Esto durante la comparecencia del titular de dicha dependencia, David Portillo Menchaca, ante las comisiones de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local, con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno.

En sus intervenciones, permeó entre legisladores la coincidencia de que reducir la incidencia de delitos y la violencia es hoy en día la demanda más sentida de la ciudadanía.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena dijeron que Guerrero enfrenta un serio problema de inseguridad, cuya solución pasa por el combate de la corrupción al interior de los cuerpos policiacos.

En ese sentido, cuestionaron al secretario sobre los mecanismos implementados y qué tan eficientes, veraces y funcionales han resultado, en busca de que la sociedad recupere la confianza hacia los elementos policiacos.

También preguntaron sobre los protocolos que implementan al interior de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), esto en relación con un informe de la CNDH que habla de la grave vulnerabilidad de las mujeres reclusas; y si se tiene previsto un penal para mujeres. 

Pidieron también informes sobre el equipamiento y salarios de la policía y si el área cibernética está capacitada para hacer frente al ciberacoso, que ya amerita sanciones carcelarias.

Además, se pidió conocer el número de policías en activo, cuántos están certificados, cuántos son escoltas, y sobre los resultados de la auditoría del 2017 aplicada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por parte de la ASF.

Pidieron saber sobre los hechos violentos suscitados en la comunidad de Xaltianguis y su seguimiento; información de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y si se han entablado mesas de coordinación con funcionarios federales, estatales y presidentes municipales, empresarios y organizaciones del transporte público para implementar acciones contra la quema de vehículos por parte de presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Participaron de este grupo parlamentario los diputados Moisés Reyes Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Carlos Cruz López, Perla Xóchitl García Silva, Aristóteles Tito Arroyo y Mariana García Guillén.

Por su parte, los legisladores Heriberto Huicochea Vázquez, Omar Jalil Flores Majull y Alicia Zamora Villalva, del PRI, se dijeron dispuestos a colaborar, conforme a sus atribuciones, para que retorne la seguridad a Guerrero, pero recalcaron la importancia de conocer la situación real que prevalece en la dependencia.

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