Por Ignacio Hernández Meneses.

 

En México, históricamente la práctica de la desaparición involuntaria de personas ha sido una práctica consuetudinaria. Guerrero encabeza la cifra más alta de desaparecidos por motivos políticos tan solo durante la Guerra Sucia (Mayo 1967-1980) con 519 casos documentados, 300 de ellos estudiantes y catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy, en el plano nacional las cifras las siguen encabezando Guerrero y Veracruz, aunque las motivaciones están ligadas al crimen organizado, ese monstruo que con su feroz violencia y sangre sigue pisando fuerte, enlutando decenas, cientos, miles de hogares del país. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el que responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz, “constituye un importante precedente” para México. El fallo emitido en Ginebra, Suiza, sede del Comité, requiere al Estado para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del caso de Téllez y establece un plazo de 180 días a partir de ya, para informar sobre las medidas adoptadas. “Esto representa una oportunidad única para que el Estado Mexicano aplique adecuadamente los estándares previstos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas”, planteó la CNDH. La trascendencia de esa resolución, en un asunto patrocinado por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, “radica en que concluye que los hechos relacionados con el caso de Christian Téllez Padilla, contienen todos los elementos propios de una desaparición forzada, lo cual representa una vulneración continuada a diversos derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, ratificados por México el 23 de marzo de 1981”. México enfrenta una de sus etapas más críticas y desafiantes en materia de derechos humanos por lo que debe atender la problemática de la desaparición forzada de personas con un carácter prioritario pero se requiere realmente de la voluntad política de las instancias de gobierno encargadas de aplicar la ley general en materia de desapariciones y que se refleje en la profesionalización de los actores encargados de su aplicación y en la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, particularmente, para que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y sus homólogas en las entidades del país, las fiscalías especializadas y las áreas de servicios periciales, cumplan cabalmente con sus funciones. En el discurso hay un compromiso por parte de la 4ª. T., ahora falta llevarlo al terreno de los hechos.

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