Juan José Romero Ramírez 

Chilpancingo, 28 de junio de 2020.-La diputada local del PRD, Dimna Salgado Apátiga consideró que es necesario darle certidumbre financiera a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que quien llegue a ese organismo autónomo pueda dar resultados a miles de familias que han sido víctimas de algún delito o de violaciones graves a sus derechos humanos en el país.

Salgado Apátiga, dijo que a pesar que desde la Secretaría de Gobernación (Segob) han asegurado que el decreto publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para establecer recortes al gasto operativo del aparato administrativo Federal, no afectará a la CEAV, “hay incertidumbre y temor justificado que eso no ocurra”.

Indicó que que la nómina de la CEAV, las rentas y servicios esenciales se sufragan con recursos de las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que sufrieron un recorte del 75 por ciento, según el decreto publicado en el DOF.

Recordó que el 2 de junio pasado, la CEAV a través de un comunicado informó que ese ajuste presupuestal los dejaría sin el pago de rentas y de energía eléctrica para poder sostener sus funciones básicas y lo más grave es que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) compuesto de 34 mil 215 víctimas estaría en peligro de perderse a consecuencia de la falta de soporte técnico para seguirlo sosteniendo.

Añadió que además la CEAV alertó que el recorte de recursos dejaría sin la posibilidad de atender a 7 mil 200 víctimas en los 32 Centros de Atención Integral (CAI) que se encuentran entre las 32 entidades del país; entre ellas Guerrero cuyo CAI se encuentra en el puerto de Acapulco.

Salgado Apátiga opinó que una vez que renunció a la CEAV su titular nombrada en diciembre pasado en el Senado, Mara Gómez Pérez, “es importante que se escuche las voces de las asociaciones civiles para nombrar al nuevo o nueva titular, pero más importante es que se restablezca la capacidad de respuesta a las víctimas del delito, reasignando las partidas presupuestales que sean necesarias”.

Y agregó que “no son aceptables estos retrocesos ni la desatención a un rubro tan sensible de la sociedad, como son los y las familiares afectados por el incesante clima de violencia que vive el país”, finalizó. Por: Juan José Romero

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