La diputada Mariana Itallitzin García Guillén planteó reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que, en concordancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, sea el Congreso del Estado el que designe o remueva al Contralor General de dicha institución educativa.

Al presentar la iniciativa, la legisladora de Morena manifestó que la corrupción es un fenómeno complejo que ha mermado las instituciones, dañado a la sociedad, la economía y la democracia mexicana, ante lo cual es necesario modificar y crear leyes que le hagan frente, como la que constituyen el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Precisó que en el Sistema Anticorrupción de Guerrero lo conforman un conjunto de instituciones que con absoluta independencia se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad.

Mencionó, empero, que hay varios órganos autónomos que se desmarcan de dicho Sistema, como la UAGro, a pesar de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de considerar que a las universidades públicas le resultan aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de que parte de su patrimonio se integra por recursos públicos.

“El patrimonio de la UAGro se constituye por aportaciones ordinarias y extraordinarias que la Federación, el Estado y los Municipios le otorgan, por eso es sujeto de ese Sistema y la obliga a observar las reglas respectivas, lo cual no atenta contra el principio de autonomía universitaria reconocido por el artículo tercero de la Constitución federal”, añadió.

García Guillén propuso que el Congreso del Estado designe o remueva al titular del órgano interno de control, como lo estipula la Constitución Política del Estado, con el objeto de coadyuvar a prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

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