Agencias 

La violencia generada por los dos grupos delincuenciales: Los Tlacos y el cártel del Sur, que se disputan el control de al menos mil comunidades y un millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles para cultivar amapola y mariguana. Y también los casi 10 millones de pesos anuales del cobro de cuota a los 600 mineros de la mina de Carrizalillo, según las denuncias de estos.

De marzo a junio de este año han ocurrido al menos un centenar de asesinatos en Chichihualco (Leonardo Bravo) y se ha desplazado, según el Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, a unos 300 pobladores producto de los enfrentamientos en seis comunidades de este municipio y una de Chilpancingo entre integrantes del cártel del Sur con la autodefensa de Tlacotepec, nacida en noviembre de 2018 bajo la coordinación de Salvador Alanís Trujillo, y auspiciada, según lo ha reconocido él mismo, por un barón apodado Necho, señalado por los del Sur como cabecilla de Los Tlacos.

Los caminos que conducen a los pueblos de la sierra, recorridos a mediados de febrero pasado por El Universal, están en medio de bosques de neblina que huelen a pino, aunque también hay vías yermas. De Chichihualco a Izotepec, pasando por Iyotla, Tepozonalco un par de kilómetros al lado, y Yextla, se tiende un camino sembrado de cruces y es donde han ocurrido los últimos tiroteos de mayo entre ambas bandas. Una Santa Muerte dispuesta entre las raíces de un gran árbol a la vera de la vía es venerada con veladoras de todos los tamaños.

—Siempre están encendidas —dice quien conduce el vehículo, aunque, luego, mejor calla.

—En el primer grupo venía Ejército y policía; en el segundo venía la autodefensa de Alanís y en tercero venían los sicarios. Hombres bien armados con Cuernos de Chivo; muchos vestidos de militar. Ellos fueron los que hicieron las matazones —platica con aspavientos un desplazado que ahora vive en Chichihualco. Un hombre viejo al que se le nota la pobreza en sus huaraches y su sombrero roído.

Se refiere a la primera incursión que hizo la autodefensa llamada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo el 11 de noviembre de 2018 a Filo de Caballos, municipio de Chichihualco, a unas tres horas de la capital de Guerrero, donde hubo al menos 14 hombres muertos. De acuerdo con el Centro Morelos, en aquel primer momento salieron de sus pueblos unos mil 800 habitantes aunque de esos sólo quedan 135 refugiados en la cabecera de Chichihualco. “La mayoría se fue a otros lados: Morelos, Acapulco, Estado de México, Chilpancingo y otras familias pidieron asilo en Estados Unidos”, dice Teodomira Rosales Sierra abogada de la organización. 

Desde hace año y medio no les queda más que relamerse las heridas de sus historias atroces y enterarse por Facebook de lo que pasa en sus pueblos y casi todo tienen que ver con nuevos enfrentamientos nuevos muertos y más desplazados. Como en el último caso, dice Rosales, ocurrido apenas la última semana de mayo —en la más activa virulencia del Covid-19— donde hubo al menos una docena de muertos y otras 300 personas salieron de sus pueblos aunque, dice la abogada, no requirieron la asesoría del Centro Morelos.

—¿Dónde están?

—Supimos que muchos regresaron a sus comunidades, otros, los menos, se refugiaron en Chichihualco y otros en Chilpancingo.

Los Desplazados

En Filo de Caballos, de donde es la mayoría de los desplazados, la escena es de guerra. Al menos una decena de viviendas están tan baleadas que parecen en obra negra y en su interior los utensilios tirados la ropa desparramada los discos pisoteados y las fotografías familiares ladeadas en paredes agujereadas por las balas de los Cuernos y los Barrets, semejan las ruinas dejadas por un terremoto.  Como si los moradores hubieran escapado de aquella calamidad y se hayan largado con apenas lo que pudieron agarrar en su urgencia por huir.

Acá, Salvador Alanís dice lo contrario. Entrevistado a mediados de febrero en este pueblo de la sierra, dice que no hay desplazados y los que se fueron era porque tenían parentesco o trabajaban para el cártel del Sur. Decir trabajaban es decir que le vendían la goma de opio que producían y la mariguana que cosechaban. La sierra cubre al menos un millón 500 mil hectáreas —900 mil de las cuales son de bosque y selva baja, y la surcan 23 ríos— donde viven unos 150 mil habitantes de mil 287 comunidades, y atraviesa 14 de los 81 municipios, según el proyecto de decreto para crear la octava región del estado durante el gobierno de Rogelio Ortega Martínez.

Por estos caminos está La Curva, un caserío fantasma a casi tres mil metros de altura en la sierra de Chilpancingo, arriba de Jaleaca. Lo rodean vastos bosques de pinos y ocotales y el rumor de un río se oye a lo lejos, en las faldas de los cerros. El agua que acá se bebe es agua fría y sabe a árboles, y es el territorio de un barón apodado El Jaleaco. En los patios traseros de las viviendas la maleza le ha ganado a la madera y se la ha tragado; los alcatraces crecen silvestres junto a los lavaderos y letrinas en ruinas; los techos están tumbados y de los corredores de pretiles y horcones de lo que antes fue un caserío próspero hoy sólo quedan escombros.

Sólo un par de casas de la entrada, cuyos moradores asoman tímidos por las puertas entornadas, están habitadas por quienes regresaron una vez que se recuperó el poblado en medio de balas y muertos. La carretera por la que llega está sembrada de cruces y perdida entre grandes tramos de terracería y retazos de chapopote. Nadie llega hasta acá si no sabe por dónde, nadie llega hasta acá si no tiene el debido permiso. Cercanas, a un par kilómetros, las colinas más bajas se pintan por el rojo color de la amapola. La flor que al año produce 19 mil 500 toneladas de goma de opio sólo en las 26 mil hectáreas de la sierra de Chilpancingo, Chichihualco y Tlacotepec reconocidas por la Sedena. 

 

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