Antonio Helguera Jiménez

 

El domingo 2 de junio se realizaron elecciones locales en 6 entidades federativas. Se eligieron gobernadores en Puebla y Baja California; se renovaron los congresos locales en Tamaulipas, Quintana Roo y Baja California; y ayuntamientos en Aguascalientes, Baja California y Durango. Esta jornada es la primera que se realiza en el periodo de gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que resulta importante conocer cuáles son las implicaciones de los resultados electorales.

Los análisis de los resultados, como gran parte de la conversación pública, resultan contradictorios. Los adversarios de la Cuarta Transformación festejaron sus triunfos en las elecciones de diputados locales y los ayuntamientos. El Partido Acción Nacional, con una evidente estrategia mediática, trato de colocarse como el principal partido de oposición al consolidar sus triunfos en los estados que gobierno a nivel estatal como son Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Sin embargo, poco o nada dijeron de sus derrotas en Puebla y Baja California al perder dichas gubernaturas. Particularmente, Baja California que había sido un bastión panista desde 1989, siendo la primera gubernatura ganada por un partido de oposición en el viejo régimen de partido único.

En este estado, el único donde se renovaron todos los cargos públicos, MORENA obtuvo un triunfo contundente. Ganó la gubernatura con Jaime Bonilla; los 17 distritos electorales y los 5 municipios del estado. Un resultado contundente. En Quintana Roo, en coalición con los partidos Verde y del Trabajo, se triunfó en 11 de los 15 distritos de mayoría para el congreso local; y en Puebla, se logró ganar la gubernatura del estado con Miguel Barbosa.

Los adversarios de la Cuarta Transformación trataron de colocar estas elecciones locales como un indicador de la supuesta inconformidad de la gente con el gobierno federal. En vista de que los resultados no les favorecieron en términos generales, llegaron al absurdo de querer comparar la votación que obtuvo MORENA y nuestro Presidente de la República en el 2018, con la que se obtuvo el pasado domingo 2 de junio. Una comparación errónea porque en México las elecciones locales no son caja de resonancia directa de lo que sucede a nivel federal. Como bien apuntó Jorge Buendía en su artículo publicado en diario El Universal el pasado 11 de junio “es un error asumir o esperar que las preferencias electorales se congelen entre un año y otro, entre la elección presidencial y las subsecuentes”.

A pesar de los resultados electorales positivos para nuestro movimiento y la Cuarta Transformación, es necesario reflexionar en un problema que no es nuevo pero que se debe atender por todos los actores políticos: el abstencionismo. Históricamente, la participación electoral disminuye en procesos que no involucran la elección presidencial. En la pasada jornada electoral, la participación electoral en promedio fue de 33.7%; es decir, casi 4 de cada 10 electores eligieron a sus representantes populares. El nivel de abstencionismo más preocupante fue en Quintana Roo, donde casi 8 de cada 10 electores no tuvieron razones para acudir a las urnas a elegir a sus diputados locales.

El abstencionismo es un problema que tiene diferentes causas, desde la cultura política del electorado hasta la falta de interés en las ofertas de los partidos y lo poco atractivo que resultan los candidatos. Sin embargo, un aspecto importante del abstencionismo es que los ciudadanos no se siente parte sustancial de la democracia y la toma de decisiones. Ante esta problemática, quienes tenemos una responsabilidad como representantes populares tenemos la obligación de incentivar la participación de la ciudadanía no sólo en las jornadas electorales sino en la toma de decisiones.

Actualmente existen mecanismos como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, los referéndums o plebiscitos, pero su procedimiento resulta tan complicado que el ciudadano pocas veces accede a estos mecanismos de democracia directa. Por ello, en el caso de quienes somos diputados, además de legislar, debemos estar en contacto directo con la población atendiendo demandas, canalizando peticiones o escuchando las necesidades de la gente para darles voz en las instancias de gobierno.

Otro aspecto que reveló la jornada electoral pasada fue la influencia de la reelección, en este caso, de los presidentes municipales. Si bien la reelección es limitada, en tanto que para ser reelecto se debe postular por el mismo partido o alguno de los partidos de la coalición electoral, existen algunos indicios de que el electorado está reconociendo el trabajo de los presidentes municipales. Por ejemplo, con cifras preliminares, de los 55 municipios en disputa se reeligieron 12 presidentes municipales. La mayoría de las autoridades reelectas fueron en municipios de Durango y Aguascalientes; y Acción Nacional el que mayor número de casos de reelección obtuvo con 7 algunas en coalición con el PRD; y el que menos éxito tuvo de reelegir a sus presidentes municipales fue el PRI con 3 reelecciones.

En el caso de Guerrero, cabe recordar que de los 36 presidentes municipales que buscaron reelegirse en el 2018, solo 8 de ellos lo consiguieron. Esto representa un reto a los actuales ayuntamientos para lograr gobiernos eficaces, eficientes, transparentes y honestos. La reelección debe verse como una oportunidad de que la población ratifique o no a sus autoridades a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus municipios. Una realidad en la gestión municipal es que un periodo de 3 años resulta insuficiente ante el cúmulo de necesidades que se tiene en los municipios. Por ello, la reelección debe verse no como una ambición de poder sino como una oportunidad de concretar un proyecto político de mediano plazo, al menos de 6 años.

Así, la primera jornada electoral en la era de la Cuarta Transformación deja lecciones importantes para seguir trabajando en la construcción de una verdadera democracia. Una en la que se elijan de manera libre y secreta a nuestros representantes populares de manera transparente e imparcial, sin compra de votos ni consciencias. Pero también una democracia del pueblo, donde la gente sea tomada en cuenta en todas las decisiones; que su voz sea escuchada en las instancias del poder; y una en la que el dinero no defina el futuro de la gente.  

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