Por: Ramiro Ariza Picón

En las fiestas de San Fermín de 2016 en Pamplona (España) se cometió un delito sexual cuyas implicaciones llenan por estos días las agendas noticiosas y redes sociales. Me refiero a la violación en grupo que sufrió una joven de 18 años por parte de 5 hombres quienes planearon el asalto llevándola al portal de un edificio, tomaron fotos y videos de la violación, y los subieron en su grupo de chat llamado por ellos mismos “La Manada”.

 

Luego de seis meses de juicio, el 20 de marzo de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra profirió sentencia frente al “Caso de la Manada” condenando a los acusados a 9 años de prisión por abuso sexual continuado, a pesar de que todas las pruebas demuestran violencia y por lo tanto un acto de agresión y no de abuso, tal como lo reportó El Espectador en su momento.

Las reflexiones que se han hecho alrededor de este caso nos llevan a repensar lo que se está juzgando en los delitos sexuales, cuyas principales afectadas son mujeres y niñas. De manera tradicional, en la violencia sexual la carga de la prueba es impuesta culturalmente sobre la víctima, es decir, el proceso se enfoca en juzgar sus actitudes y en establecer si consintió o no la conducta del agresor. Lo vemos cuando se le pregunta qué ropa tenía, si estaba alicorada, etc.  Es como si quienes hemos sido víctimas de un hurto tuviéramos que probar que no estábamos “buscando ser robados”. Esto se traduce en la frase de un cartel que leí en una marcha feminista: vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar.

 

¿Por qué cuando se trata de violencia sexual siempre hablamos de consentimiento y no de deseo? Las raíces de esta situación son históricas y profundas, y se concretan en el refrán: El hombre propone y la mujer dispone, es decir, El hombre desea y la mujer consiente. El único deseo reconocido en este paradigma es de quien es considerado sujeto: el hombre, pero el deseo de ella es irrelevante porque sigue siendo considerada objeto o propiedad.

 

¿Cómo explicar que el hombre piense que es dueño del cuerpo de la mujer? La filósofa feminista Carole Pateman nos da unas pistas al incluir dentro de la Teoría del Contrato Social un Contrato Sexual, en donde el matrimonio le otorgaba a los hombres, a través del débito conyugal, el derecho al uso del cuerpo de su esposa como propiedad privada, lo cual traía como consecuencia (hasta hace muy poco tiempo) que no podía hablarse de violación dentro del matrimonio.

 

Sucede lo mismo en lo referente a la prostitución: los hombres tienen derecho al uso del cuerpo de las mujeres como propiedad pública. En ninguna de estas dos prácticas de apropiación y uso del cuerpo de las mujeres tiene importancia su deseo, solo su consentimiento en el marco de un contrato. La diferencia es que mientras el débito conyugal ya ha sido abolido en la mayoría de las legislaciones, la prostitución ha pasado a ser una industria trasnacional multimillonaria y legitimada socialmente.

Al igual que en la prostitución los actos de violencia sexual como el de La Manada, son justificados socialmente de tal forma que un grupo de hombres considera que su deseo debe satisfacerse por encima de todo, especialmente por encima del deseo de la mujer. Por eso como sociedad necesitamos avanzar más allá del concepto de consentimiento para reconocer que todos los seres humanos son sujetos deseantes y no objetos de deseo. Tal como dice Catherine MacKinnon, La regla del consentimiento es tan perversa que la mujer puede estar muerta y haber consentido.

 

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