Por Ignacio Hernández Meneses

La falta de justicia y la impunidad es el sello que distingue a este sexenio federal que está en la recta final. La protección a periodistas es una asignatura pendiente. Veracruz y Guerrero encabezan la larga lista de violencia y sangre que ha enlutado los hogares de periodistas, de comunicadores desaparecidos, agredidos y los que han pedido exilio para salvar sus vidas. Ayer hubo otra protesta de compañeros en las puertas del Palacio Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) critica el desdén del gobierno a la tarea de protección a periodistas, tal como lo demuestra  el hecho de que el mecanismo de protección a nuestro gremio no tiene recursos asignados para octubre venidero. De acuerdo con el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el organismo a su cargo va a instrumentar un “semáforo” para marcar el nivel de avance de las autoridades a estos señalamientos, especialmente de los gobiernos estatales y municipales. Al presentar una serie de estudios sobre el cumplimiento de cuatro recomendaciones generales que la CNDH ha realizado de 2004 a la fecha sobre el tema de las agresiones contra periodistas, el funcionario lamentó que el fideicomiso que sustenta al Mecanismo de Protección “hoy está carente de recursos para el mes de octubre”. Ocurre que se agota ese presupuesto lo cual es preocupante porque el tema de las agresiones no se ha revertido, y es que precisamente el tema de la impunidad sigue latente. Por ello el llamado urgente para que las autoridades doten de recursos suficientes al Mecanismo de Protección para el cierre de este año y para 2019, y urge también que los gobiernos estatales nombren enlaces con poder de decisión para cumplir con la Recomendación General 24, relacionada con la necesidad de proteger a los comunicadores amenazados o agredidos. La CNDH reveló que siguen pendientes cuatro recomendaciones generales: la 7, de 2004; la 17, de 2009; la 20, de 2013 y la 24, de 2016, la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales han hecho caso omiso de los señalamientos de cuidar a los periodistas. La Comisión informa que a pesar de que el nivel de aceptación a dichas recomendaciones fue de 94 por ciento, la gran mayoría de las respuestas de las autoridades a la CNDH fueron simples acuses de recibo y no generaron políticas públicas para ser aplicadas en la realidad. Que el 79 por ciento de los gobiernos estatales sólo respondieron por escrito mediante “contestaciones rutinarias y burocráticas”. Los gobernantes en el plano nacional y local ya no pueden ni deben seguir alimentando la impunidad. Sin periodismo no hay democracia.

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