Por Efraín Flores Iglesias

Además de ser el más dormilón de la LXII Legislatura local y pésimo operador político, es un personaje sin calidad moral para exigir transparencia en el manejo de recursos públicos, ya que durante los 13 meses que fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) manejó las finanzas del Congreso local como cuando vendía ropa en el mercado municipal “Gral. Adrián Castrejón” de Iguala: sin rendirle cuentas a nadie.

En efecto, me refiero a Antonio Helguera Jiménez, quien desde el 1 de septiembre de 2018 cobra requetebién como diputado local, cargo que obtuvo como consecuencia del efecto AMLO en las pasadas elecciones.

Resulta que luego de ser defenestrado vergonzosamente como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como presidente de la Jucopo, pretende erigirse como un paladín de la transparencia y rendición de cuentas, a tal grado de exigir cuentas claras a las autoridades estatales y municipales sobre la adquisición de equipos médicos durante la contingencia sanitaria generada por el Covid-19.

 

Nadie está en contra de que los legisladores cumplan con su papel de exigir cuentas claras en el manejo de los recursos a los representantes de los poderes públicos, a los presidentes municipales y a los titulares de órganos autónomos.

 

Lo cuestionable del asunto es que lo pida un legislador sin autoridad moral, sobre todo, alguien que fue severamente cuestionado por manejar los recursos del Congreso local con total opacidad y que incurrió en subejercicio durante el 2019.

 

 

Que conste, las denuncias la hicieron la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena, como es el caso de Moisés Reyes Sandoval, quien a principios de enero de este año le exigió dejar la coordinación de la fracción o, de lo contrario, presentarían las denuncias correspondientes ante los órganos internos de Morena por las irregularidades financieras en las que incurrió como presidente de la Jucopo.

 

Ante eso, Helguera respondió que solicitaría a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión al manejo de las finanzas, no sólo durante su periodo, sino desde el inicio de la LXII legislatura, que inicialmente le tocó encabezar Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, su otrora amigo y jefe político.

 

Por su parte, la diputada Mariana García Guillén, recomendó a Helguera responder ante las autoridades y no en los medios de comunicación sobre la denuncia penal que tiene por presuntas anomalías y abuso de funciones. Y fue más allá: “No vamos a solapar irregularidades financieras”.

 

 

“Yo le voy a pedir públicamente al ex coordinador de la Jucopo, como lo he hecho desde lo privado, desde lo colectivo, que ya es momento de entregar y ahí tendrá que rendirnos cuentas tanto a quienes lo pusimos que fuimos 22 diputados, como al resto de los 46 legisladores, como cualquier funcionario responsable que maneje recursos, y eso no se hace en los medios de comunicación, sino en la entrega de su administración al nuevo coordinador, y ahí tendremos que saber en dónde está ese recurso que dice que se ahorró”. (Diario 21, 16-I-2020).

 

García Guillén se comprometió que buscarán que la denuncia que interpusieron (ocho diputados) de manera formal el pasado 9 de enero ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se le otorgue el cauce legal que procede, porque una irregularidad financiera en que presuntamente se incurrió “no puede solaparse ni mucho menos dejarse como si no pasara nada”.

 

El problema es que J. Jesús Villanueva Vega, actual coordinador de la bancada morenista y presidente de la Jucopo, no le importa hablar más del tema, ya que no es su prioridad combatir la corrupción ni transparentar los recursos en el Congreso.

 

Al parecer ya llegó a un gran acuerdo con Helguera para llevarla bien de aquí a que concluya la LXII Legislatura y no seguir desprestigiando aún más la imagen de Morena y de Pablo Amílcar Sandoval, quien desde la “súper” Delegación del gobierno federal mueve los hilos del Congreso local, tanto que algunos miembros de su servidumbre siguen en puestos clave (verbigracia Netzahualcóyotl Bustamante Santín y Vianey Guadalupe Valderrábano Sagrero).

 

Al asumir la presidencia de la Jucopo, Villanueva Vega se comprometió a informar a la opinión pública los resultados de la auditoría practicada a su predecesor y revelar los resultados de la entrega-recepción. Lamentablemente, es la hora en que no informa nada de nada.

 

Salió igual o peor que el legislador dormilón.

 

A Helguera se le ve muy confiado recorriendo algunos municipios y exigiendo a los alcaldes –incluidos, los de su partido– y al gobierno estatal transparentar los recursos que manejan.

 

Dice un refrán de la sabiduría popular que “para tener la lengua larga, se debe tener –primero– la cola corta”, pero eso no le importa a Helguera, ya que es un soberano cínico.

 

 

Ojalá los igualtecos no lo hagan su alcalde en 2021, ya que las finanzas municipales estarían en grave riesgo.

 

ENTRE OTRAS COSAS… La ASE informó que tres ex directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) fueron inhabilitados y obligados a reintegrar 146 millones de pesos que derivaron de una revisión efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, y que están pendientes los resultados de las auditorías de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 que presentó ese organismo.

 

Los tres ex funcionarios son: Javier Chona Gutiérrez, ex director general; Guillermo Adolfo Galeana Salas, ex director de Finanzas y Administración, y Juan Antonio Ramírez Valle, ex director de Operación, quienes tienen 5 días hábiles para reintegrar los 146 millones de pesos a las cuentas bancarias de la CAPAMA.

 

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E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com

 

Twitter: @efiglesias

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