Enrique Castillo González

El 26 de julio del año que está corriendo, 20 actores políticos afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le hicieron llegar al gobernador un documento pidiéndole directamente  la inmediata desaparición de la Policía Comunitaria, el argumento central de su firme petición es -los hechos presentados en la carretera Iguala/Teloloapan-.

Entre otras cosas dicen -esa “autoridad” detiene el paso de personas, bienes y comercio que usa tal vía impidiendo el desarrollo, etc. etc.

En sentido académico ¿Qué podemos decir de esa Policía Comunitaria?… La Policía Comunitaria en Guerrero existe desde hace más de 20 años, inicia en la montaña alta y es “ahijada” de la Diócesis de Tlapa, su organización es sólida e instala las siglas Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y agrega Policía Comunitaria (PC). Queda entonces así -CRAC-PC.

¿Cuál ha sido la ruta crítica de esos grupos?. En esos 20 años de existencia los tres niveles de gobierno han aprendido a convivir con ellos, amparados en la ley 701 y en el “artículo 14” de la Constitución de Guerrero los liderazgos de esa -gente armada- han crecido exponencialmente e incluso aquellos que analizan “la vida” de estos neo/POLICIAS, los han calificado como -amenaza asimétria- frente al ESTADO/Gobierno.

En nuestra mesa entendemos que, en Guerrero fue en el 2017 el año en que se escucha por primera vez (en medios abiertos) el termino -autodefensas- ya antes la aparición de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo (FUSDEG) permitía ver que aquella organización “base” (hablo de la CRAC-PC) derivaba en otras “policías comunitarias” de perfil idéntico y protegidas por las mismas leyes, reglamentos… y, argumentos.

Más, en la legislación no ampara el término “autodefensa” aunque, académicos que estudian tales fenómenos le han colocado la siguiente definición “gente no adscrita a corporaciones gubernamentales y que funcionan para hacerse de SEGURIDAD”.

Han sido 20 años de transgresión al Estado de Derecho; Ministerios Públicos y Judicaturas de los dos niveles han quedado rebasadas, no obstante que en el Código Nacional de Procedimiento Penales (en su título X -capitulo 1 sobre pueblos y comunidades indígenas dice), art. 420. “Cuando se trata de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima, o en su caso los familiares acepten el modo en el que la comunidad, conforme sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, SALVO DE QUE EN LOS CASOS NO CONSIDERE la perspectiva de género, AFECTE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS O DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER”- y, acá viene lo definitivos -“de sentirse afectado el miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante un juez competente”.      

Como sea, la posición tomada por aquellos actores políticos del Movimiento de Regeneración Nacional hará que el Gobierno del Estado de Guerrero tome el asunto de las POLICÍAS COMUNITARIAS en serio, sacándolas de los espacios políticos (léase politiqueros) y los ponga ya en los terrenos del DERECHO.

A tiro de piedra el asunto este de las nombradas Policías Comunitarias (Guerrero) estará siendo tratado en cuanto espacio se le dé lugar, aunque lo ideal será que pase de aulas académicas a tribunales sin distraerse en cuartos de rumorología y mesillas de café. Los escenarios son varios, estos grupos de -gente armada (muchas veces con armas de alto poder) sobre espacios de los Pueblos Originales- realmente es una amenaza. El escenario ideal es que, ya desaparecida la figura de POLICÍA COMUNITARIA desde esos mismos pueblos donde tuvo su origen comienzan a crear otro tipo de -prevención social del delito- y, de lograrse eso, entonces sí, los tres niveles de Gobierno tendrían que involucrarse. El peor de los escenarios sería “militarizar” el tema. La prospectiva nos dice que, analizado ya el proyecto de nación que muestra el próximo presidente de la República en cinco años se estará tratando este asunto desde el concepto de -4to Orden de Gobierno-.

Ultimo patrullaje.- para tomarse en cuenta lo expuesto por el diputado Ricardo Mejía Berdeja;  dice -el artículo 14 que se está reformando establece que las autoridades comunitarias NO pueden intervenir en todas aquellas conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal del Estado, por esta razón hay cientos de órdenes de aprehensión en contra de POLICÍAS COMUNITARIOS- y agrega -la reforma (artículo 14) reconoce ambos sistemas (Jurídico y comunitario) y trasladar a la ley secundaria la distribución de competencias y las bases de coordinación entre ambos sistemas, sujetándose al orden jurídico nacional.

 

De lo anterior quienes rodemos la mesa de este “think tank”, entendemos que -el orden jurídico nacional que las comunidades o población indígena podrá optar por su sistema comunitario, siempre y cuando no afecte derechos humanos y no implique un maltrato a la mujer y a los niños-.

 

Balazo al aire.- Lo que es…es, y es imposible que no sea.

 

Greguería.- Paz, es cuando, el cielo está muy azul, los ríos y mares fluyen sanos y las montañas, solo observan.

 

OXIMORON.- Armas pacíficas.

 

HAYKU.- Ven, tiende tu mano princesa.

               Hazlo y

               te regalo un mundo.

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