Agencias 

El gobierno federal hasta el momento no ha presentado los avances y las acciones concretas para   las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, a pesar que ya se nombró al fiscal especial.

Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a nombre de los padres de las víctimas de desaparición forzada, Mario César González y Epifanio Álvarez Carbajal, exigieron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez para que el próximo aniversario de la organización que los representa, “estén sentados en estas sillas los 43 muchachos”.

En ese sentido los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emplazaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar respuesta efectiva sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en 2014.

Los tutores de los jóvenes desaparecidos cuestionaron los planteamientos que hizo Encinas sobre los sobre avances que ha tenido la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

El funcionario federal reconoció que durante el sexenio pasado hubo un “manoseo de la investigación”, el representante de los padres, sostuvo que para ellos “lo primordial es conocer el paradero de los muchachos, alcanzar la justicia y conocer la verdad no hay más y eso para nosotros es lo principal”.

En ese sentido Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, manifestó que si bien los padres y madres de los 43 han visto un cambio entre el trato que recibieron por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y el que han recibido del de López Obrador, recordó que durante la firma del decreto presidencial que dio nacimiento a la Comisión, se le advirtió al mandatario que “la confianza se gana con resultados”.

Inclusive indicó que para esclarecer la desaparición, el representante de los padres recomendó “irnos a las cabezas” y que para empezar “ahí está Tomás Zerón”, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese sentido, Encinas Rodríguez sostuvo que su presencia en Tlapa para acudir a la conmemoración del 25 aniversario de Tlachinollan, era para “refrendar el compromiso del gobierno de México para avanzar en el esclarecimiento en torno a la desaparición de los 43”.

Encinas consideró que “lo que suceda con esta comisión, será el punto de partida para esclarecer las violaciones a derechos humanos en este país”.

De acuerdo con las investigaciones se han establecido 15 líneas de investigación, entre ellas el análisis de telefonía desde el día de la desaparición a los seis días siguientes, en el que se revisaron 84 millones de llamadas, estableciéndose “claramente la red de cómo se comportaron los grupos delictivos y cómo se hizo el proceso de desaparición”, de que no hubo comunicación de estudiantes con cuerpos policiacos, que la participación del ayuntamiento de Cocula fue marginal y que la ruta de desaparición “no se movió hacia esa región del estado de Guerrero”.

El subsecretario sostuvo “todavía estamos enfrentando resistencias del pasado, no por las autoridades actuales”, atribuyendo a los jueces que otorgaron los amparos de esos exfuncionarios las “resistencias y obstáculos”.

“Estamos recibiendo información de testigos, de colaboradores, de anónimos, no soslayando ni minimizando ninguna de las líneas de investigación, estamos partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida y estamos continuando con las líneas que permitan deslindar responsabilidades para que las autoridades que violaron la ley o actuaron con  negligencia”, sostuvo Encinas.

Abel Barrera, director de Tlachinollan, invitó a Encinas Rodríguez a “romper el pacto de impunidad y llamar a cuentas a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Este año o el siguiente, lo más pronto podamos sentar a los 43 estudiantes aquí en primera fila, y que los papás y las mamás vean de frente a sus hijos que sepamos dónde están”.

Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan recordó a Encinas Rodríguez que al gobierno actual no sólo le corresponde dar respuesta a los 43 normalistas, sino que hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pendientes de atender, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla, justicia en los casos de tortura sexual de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, de la tortura de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, asuntos en los que estuvieron implicados miembros del Ejército.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que ya se cuenta con elementos claros para desmentir las versiones que señalaban que hubo comunicación entre policías y estudiantes de Ayotzinapa el día de su desaparición.

Sostuvo que en menos de seis meses el actual gobierno ha logrado hacer un análisis de todas las llamadas telefónicas de los primeros días después de los hechos ocurridos en Iguala.

“Después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información para tener claramente hoy, la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes”, reveló.

Así lo señaló el sábado frente a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes acudieron al 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, ubicado en la ciudad de Tlapa, Guerrero.

Alejandro Encinas informó que tienen a disposición de la Comisión y de la Fiscalía especial a todos los elementos del Batallón de Iguala, con el objetivo de que rindan su declaración ministerial.

“Tenemos todos los expedientes y bitácoras de los movimientos de ese personal que durante años estuvieron negando, incluso del personal en retiro que estuvo al frente del batallón”, comentó, de acuerdo con el comunicado que dio a conocer en sus redes sociales.

 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que han recibido información de testigos y de anónimos, por lo que no se minimiza ninguna de las líneas de investigación.

“Las vamos a desahogar partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida y continuando con todas las líneas que nos permita deslindar responsabilidades para que aquellas autoridades que actuaron con negligencia, omisión o dolo, sean castigadas”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que se revisa el basurero de Cocula y en el río San Juan para analizar la actuación de todas las autoridades involucradas en los hechos.

El subsecretario Encinas enfatizó que lo que suceda con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotiznapa, es el punto de partida para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en todo el país.

Recalcó que toda desaparición debe ser esclarecida, pues todos los familiares tienen el derecho a conocer la verdad, y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho.

A finales del mes pasado, Alejandro Encinas informó hoy que el área que él dirige dará seguimiento a las denuncias que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso contra 235 funcionarios por investigación indebida en el caso Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas.

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