Juan José Romero

Chilpancingo, 24 de septiembre de 2020.- El diputado local priista, Jorge Salgado Parra, propuso exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para que expliquen cuáles serán las repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo del presente año.

 

El legislador argumento que esta decisión resulta preocupante porque que mientras la tendencia internacional apunta a que la industria de energías renovables, solar y eólica cuyas  dos áreas en las que se espera un mayor crecimiento a nivel mundial, medidas como las del pasado 15 de mayo por parte del Gobierno de la República “dañan considerablemente a un sector que reclama certidumbres, es decir, marcos regulatorios coherentes, a largo plazo que den seguridad a los inversionistas para que puedan instalarse y generar desarrollo”, señalo el legislador local.

 

Comento además que representantes de las cámaras empresariales como  la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  se han manifestado en contra del Acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía, argumentando la implementación de prácticas monopólicas que buscan que la CFE tenga el control del sector.

 

Esto dijo Salgado Parra  pone en riesgo la salud de la población, además de la calidad del aire y la economía de un sector que tiene gran proyección y más que limitantes, requeriría apoyo para mantener más de 30 mil empleos que generan las energías renovables, más aún en el contexto de la crisis de salud y económica por la que atraviesa el país.5

 

“Ante este mal acuerdo de la Secretaría de Energía, no cabe duda que empezarán a tramitarse una serie de amparos, demandas y litigios administrativos por parte de empresas involucradas en el ramo, para que se respeten los términos iniciales de su operación, se les permita seguir participando o permita iniciar su participación., situación que no es nada positiva en estos momentos de tanta incertidumbre económica y de una recesión mundial”,

 

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