Por: Fernando Hinterholzer Diestel

 

Algo que provocó el hartazgo de la población del país contra la clase política en el poder fue la corrupción, la falta del estado de derecho y la impunidad galopante desde hace más de tres décadas, y que se vio reflejado en las elecciones del 1 de julio y el triunfo de AMLO.

López Obrador arrasó con su partido MORENA las elecciones del 2018, gracias a una combinación del coraje con el presente tan jodido que tenía el país, y la esperanza en el futuro. Hartos por la corrupción, la inseguridad y el mediocre crecimiento económico, los mexicanos votaron mayoritariamente a favor de un cambio.

En el fondo de todos estos problemas está la crisis del Estado de derecho, la ausencia de un gobierno de leyes.

Los expertos en política y analistas siempre han sostenido que muchos de los problemas que tiene el país son producto de no respetar la ley. El Presidente López Obrador está pagando la factura de las crisis de varios gobiernos anteriores: una severa crisis del Estado de Derecho, una crisis que se ha venido deteriorando a través de los años, una crisis que los distintos gobiernos han querido, solucionar con medidas ineficientes, transitorias y de corte político.

Sin embargo, el gobierno de AMLO ha decidido solucionar con voluntad política, programas sociales, intervenciones militares u operativos impactantes. Estos factores pueden ayudar, sin duda, a paliar efectos nocivos en el corto plazo. Pero son aspirinas frente a un cáncer que corroe el cuerpo público mexicano.

 

En el México actual, son muchos los ejemplos de ciudadanos que no respeta las leyes, servidores públicos que se corrompen porque se sienten impunes, delincuentes que violentan la ley sabiendo que no serán castigados, los empresarios que no arriesgan más dinero por la falta de un sistema legal que garantice el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. Mientras no haya un cumplimiento estricto de las leyes y normas constitucionales, seguirá habiendo corrupción, inseguridad y mediocre crecimiento económico.  

Lleno de huecos en materia de legalidad. A principios de su administración en diciembre de 2018, el Presidente López Obrador decidió acabar con el robo y la venta ilegal de huachicol. La falta de un auténtico Estado de derecho que ha producido corrupción, empoderado a grupos del crimen organizado e incentivado la participación de sectores de la sociedad en un delito que ha generado pérdidas multimillonarias al gobierno federal. Hace unos días, este asunto escaló a una situación donde han perdido la vida más de 100 personas (hasta el momento) por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Está el trágico y lamentable accidente de Hidalgo para reconocer la crisis que está viviendo México en su Estado de derecho. Hay que dejar a un lado la polarización, los enfrentamientos partidistas que en nada ayudan al país, en estos momentos y la creencia de soluciones fáciles. Aunque tome mucho tiempo y esfuerzo, AMLO tiene que construir un gobierno de leyes y una cultura de la legalidad, como condición para lograr seguridad pública, honestidad en el ejercicio del poder y mayor crecimiento económico.

El país necesita que se implanten   en todos los rubros de la vida pública cambios que urgen. Un gobierno que combata el robo de combustible a través de procesos judiciales que se investigue, procesen y castiguen a quienes violenten la ley, sean quien sean ciudadanos, servidores públicos o criminales. No es una buena idea lo que ha hecho AMLO, “cuando justifica la ilegalidad con argumentos económicos o de justicia social”. Quizás el Presidente no comprenda el tamaño de la crisis que recibió de sus antecesores. Una crisis de Estado de derecho.

La terrible pérdida del Estado de derecho está detrás de muchos de los problemas como país: la corrupción de autoridades, la violencia criminal, el robo de combustibles y el chantaje de gremios que cometen delitos y usan la movilización social –como ocurre en Michoacán, con el bloqueo de las vías del tren. El dilema es harto complicado, o se trata de rescatar al Estado de Derecho a cualquier precio-, o se continúa conviviendo con el crimen organizado, con el riesgo de llegar al punto de un “Narco Estado”, ahí el dilema par nuestro Presidente y su grupo de notables asesores.

ES CUANTO

ADENDDUM: excelente decisión de HAF en el nombramiento de Violeta Parra como subsecretaria de gobierno en materia de derechos humanos. La experiencia, conocimientos y sensibilidad de la licenciada Parra coadyuvará para resolver con éxito la problemática que en materia de DH enfrenta el gobierno guerrerense.

 

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