José Antonio Rivera Rosales

 

  El Frente Unido de Policías Comunitarios del estado de Guerrero (FUPCEG) lanzó un ultimátum a las autoridades: si en 30 días no se restablece la seguridad en Chilpancingo, más de 6 mil hombres armados entrarían a la capital del estado para combatir a la delincuencia.

  En una conferencia de prensa encabezada por Salvador Alanís y Humberto Moreno, mandos de una alianza de guardias comunitarios basada en Tlacotepec, el viernes 22 del mes en curso ambos líderes anunciaron una batida contra el crimen organizado, en particular contra el llamado Cartel del Sur, al que hacen responsables de muchos crímenes que mantienen aterrorizada a la población de la capital del estado.

  Según lo anunciado, a mitad de camino incursionarían en el municipio de Chichihualco para “limpiar” de delincuentes la zona que es paso obligado en el corredor carretero Tlacotepec-Casa Verde, una de las principales vías de acceso a la Sierra Madre del Sur.

  Según la postura de esta alianza de guardias comunitarias, su iniciativa permitió la pacificación del citado corredor carretero desde que el 11 de noviembre pasado irrumpieron en Filo de Caballo y media docena de comunidades circunvecinas para expulsar a quienes cometían atrocidades contra la población.

  Hasta el momento de redactar la presente columna, la respuesta de las autoridades federales o estatales ha sido el silencio, lo que le agrega de una buena dosis de zozobra a la amenaza lanzada por estas formaciones que preludian -nadie lo dude- una nueva escalada de violencia en la que, con seguridad, morirán personas inocentes.

  Sólo que el teatro de operaciones de estos inminentes enfrentamientos será ahora la capital del estado, Chilpancingo, sede de los poderes de Guerrero.

  No se trataría de asesinatos selectivos, como han ocurrido en Chilpacingo o Chilapa, sino  choques entre formaciones armadas en el marco de un escenario más parecido a una revuelta que a simples ajustes de cuentas.

  Y es que los propios dirigentes dijeron que, en caso de que las corporaciones de seguridad intenten actuar contra ellos, sus elementos tienen la orden de disparar.

  Por desgracia la amenaza es muy creíble, dados los antecedentes.

  El pasado 22 de junio esta formación de guardias comunitarias emplazó al gobierno estatal a pacificar el corredor carretero en el tramo de Filo de Caballo a Xochipala, a lo cual los funcionarios estatales hicieron caso omiso.

  Para entonces ya estaban adelantadas las conversaciones en pro de una alianza de comunitarias de varios municipios, acuerdo que se concretó el 4 de noviembre de 2018 en  Apaxtla de Castrejón.

  Días después, el 11 de noviembre, una fuerza de 2 mil hombres lanzó una incursión armada contra la comunidad de Filo de Caballo con un saldo, que persiste hasta ahora, de unos 2 mil desplazados de esa y otra media docena de comunidades.

  En esos intercambios de fuego y escaramuzas que se han producido en esas comunidades de la sierra, de manera extraoficial se ha sabido de entre 30 y 40 homicidios entre noviembre y enero.

  Preocupado por la situación el obispo católico de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, ha lanzado sentidos llamados a la intervención de las autoridades para mediar en el conflicto, pero ha hecho énfasis en que la supuesta guardia comunitaria de Tlacotepec es en realidad una fuerza invasora.

  ¿Cuáles fueron los argumentos para que varios grupos de comunitarios -que parecen más bien una fuerza de autodefensa armada- se unificaran en torno de una sola estructura? Sólo ellos lo saben.

  Lo cierto es que los dirigentes de este frente de policías comunitarios aseguran contar con guardias comunitarias de 10 municipios, con un estado de fuerza de 9 mil 500 hombres en armas, acantonados en la región centro-norte del estado.

  Pero pareciera que tras la fachada supuestamente justiciera del ahora llamado FUPCEG existe una trasfondo siniestro.

  Salvador Alanís, uno de sus rostros visibles, cobró notoriedad luego de promover la creación del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que en realidad era parte de la estructura de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG). Con una fuerza aproximada de un mil 500 hombres, el FUSDEG tomó distancia de su matriz y comenzó a actuar por su cuenta.

  Una de esas actuaciones ocurrió el 6 de junio de 2015 cuando un grupo de comunitarios de Xolapa, comunidad ubicada sobre la carretera federal México-Acapulco, pactó una entrevista sin armas para solucionar diferencias con la dirigencia del FUSDEG que era entonces encabezada por Alanís. Los comunitarios locales de Xolapa, encabezados por su líder Ignacio Policarpo Rodríguez, acudieron a parlamentar desarmados pero fueron masacrados por sus contrarios.

  Esa matanza nunca se esclareció. Pero siempre quedó la sospecha de que fueron los grupos del FUSDEG, al mando de Alanís, quienes perpetraron la masacre.

  Ahora el FUSDEG, como otros grupos de supuestos comunitarios, forman parte de la nueva estructura de guardias armadas que ya anunciaron su incursión a la cabecera municipal Chichihualco, en  su avance a la capital del estado.

  En este contexto una caravana de desplazados de diferentes regiones de Guerrero, encabezados por los de Chichihualco, se plantaron en el zócalo de la Ciudad de México y en torno a varias entradas del Palacio de Gobierno para plantear sus demandas de auxilio ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fueron ignorados olímpicamente por los funcionarios de su gobierno.

  Si las cosas siguen así -amenazas cumplidas frente a un ominoso silencio  gubernamental -entonces la próxima masacre, que ahora podría suceder en la capital del estado, bien podría titularse -como en la gesta literaria de García Márquez-  “Crónica de una muerte anunciada”.

  Que nadie se diga engañado: estamos en Guerrero, señores.

guerrero_amerindio@hotmail.com

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