José Díaz

Los criminales están envalentonados en su disputa por los territorios y hay líderes políticos que se preocupan más por ver los presuntos pecados de las víctimas que por enfrentar sin reservas la catástrofe que se viene anunciando y ejecutando. Esa es la conclusión que nos deja esta dura semana que termina.

Por lo menos, ocho personas que ejercían como líderes sociales en sus comunidades fueron asesinadas en los últimos diez días. El goteo de homicidios, que venimos denunciando desde hace dos años, se está acelerando y el país, así como sus dirigentes, necesitan evaluar cómo es posible que no haya reacción eficaz posible, y qué rol juegan los discursos violentos en toda esta lamentable situación.

En un estudio presentado por la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), el viernes pasado, hay varias señales de alerta: no sabemos qué tan grande es el problema, no hay capacidad estatal para enfrentar la crisis en las regiones más afectadas y el resultado es que el acuerdo de paz está perdiendo a sus defensores más vehementes.

Según el estudio, entre enero del 2016 y marzo de este año fueron asesinados 262 líderes sociales. Cauca, con 45, Antioquia, con 34, y Nariño y Norte de Santander, con 20 cada uno, son los departamentos que más víctimas han tenido. Al mirar de cerca los municipios afectados, se encuentra que el exterminio se concentra en aquellos lugares donde el acuerdo de paz prometió llevar al Estado después de años de violencia y olvido.

Además, el 92 % de los procesos liderados por las víctimas se detienen después de su asesinato, lo que demuestra que la estrategia macabra les está funcionando a los violentos. Estamos fracasando.

Por eso resultan tan frustrantes reacciones como la del propio Ministerio de Defensa, que utilizó esta semana sus redes sociales para advertir que una de las víctimas asesinadas tenía un familiar vinculado con el Clan del Golfo. Claro que las autoridades deben esclarecer los hechos, pero cuando la impunidad reina y las poblaciones se sienten desprotegidas por un Estado que aparenta indiferencia o, en el mejor de los casos, letargo, sugerir que los muertos “se lo buscaron” es una pésima respuesta. El Ministerio no fue el único. Varias voces de opinión y políticas se sumaron a poner mantos de duda sobre el liderazgo social de las víctimas. Abominable.

Lo que no se puede permitir es que ahora los criminales sientan que, tras una elección polarizante, cuyos resultados ellos interpretan como una derrota al proceso de paz, ha llegado el momento de imponer su orden y su ley en los territorios. Por eso, fue muy importante que, desde Madrid, el presidente electo, Iván Duque, dijera que quiere un país “donde ningún colombiano se sienta intimidado ante la violencia. Yo espero garantizar la seguridad de todos los líderes sociales”. Su liderazgo debe ser contundente y constante, pues no puede ignorarse que en Colombia hay un ambiente hostil a la diferencia. Sus electores y seguidores deberían escucharlo y seguir sus propósitos.

Ante una población estigmatizada y perseguida, el país entero debe rodearla sin reparos ni prejuicios. Sabíamos que la violencia volvería a las regiones. Estamos en medio de una pugna cruel por los territorios, pero fracasaremos como sociedad si la indiferencia es la respuesta. Cada muerte de un líder social es un fracaso del gobierno (el actual y el entrante), de la Fuerza Pública, de las entidades territoriales, de la sociedad toda.

En el evento de la presentación del informe de Codhes y el CNC, un líder de restitución de tierras dijo unas palabras lapidarias: “Asesinar líderes sociales es fácil, nadie los protege, pero construir un liderazgo que promueva la paz en una región violenta es muy difícil, es casi un milagro”. ¿Los vamos a dejar solos?.

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