Letra Púrpura

Por: Jaspe Venegas

 ¿Se tuvieron que armar los niños para que las autoridades se dieran cuenta de la gravedad del problema de inseguridad en Guerrero? Chilapa es el botón de muestra de la falta de resultados en materia de seguridad pública. Y no es que la problemática sea un tema aislado ni desconocido por las autoridades. Sino que durante años se ha dejado crecer y agravar. Resulta alarmante lo sucedido la semana pasada en la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, donde niños y adolescentes fueron presentados armados con escopetas y vestidos de policías comunitarios, recibiendo “entrenamiento” de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), para defender a su pueblo de los grupos criminales que operan en la región. Las imágenes impresionan y la realidad duele. Los niños de Chilapa al igual que del resto del país tienen derecho a estudiar, a jugar, a ser felices. No es su obligación entrenarse para enfrentar al crimen organizado ni detener la violencia o “hacer justicia” ante las atrocidades que se viven en sus pueblos. Los usos y costumbres están pasando su límite, a costa de los derechos de niños y adolescentes. La forma en que muchas comunidades indígenas se autogobiernan está fuera de control. Sin que ninguna autoridad pueda hacer algo al respecto. Como también están fuera de control el tráfico de drogas y los grupos criminales. El suceso del asesinato de 10 músicos indígenas ha puesto a Guerrero, una vez más, en el ojo del huracán a nivel internacional. Los gobiernos estatal y federal han actuado y reaccionado a su manera. El gobernador Héctor Astudillo asumió un compromiso grande al acudir personalmente a Chilpa: buscar la pacificación y regresar la armonía a los pueblos de ese municipio. Como estrategia mediática y política fue buena. Como acción de gobierno habrá que esperar resultados reales. Sin embargo, gran parte de responsabilidad en este asunto le corresponde al gobierno federal. Pues durante décadas, ningún gobierno en México ha logrado reducir el poder de los grupos criminales, ni los daños colaterales por la disputa de territorios. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, el cambio en este rubro es incierto. Sobre el caso específico de Chilapa prometió ayuda para los familiares de las víctimas, quienes serán atendidos en educación, salud, y apoyo económico. Sin embargo, el problema va mucho más allá. Por cierto, ayer se reunieron Obrador y Astudillo (además de otros gobernadores) en Palacio Nacional, donde el tema central fue el Insabi. Ojalá que también se hayan repartido la “papa caliente” de la violencia y la inseguridad que se vive en Guerrero.

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