Juan José Romero

Diputados de Morena presentaron este martes una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social de Guerrero, para que la Contraloría Social verifique el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Las diputadas Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario Mendoza y el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo señalaron que la corrupción en el país tiene un costo aproximado de entre cinco y diez por ciento del Producto Interno Bruto y en 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ubicó en cinco por ciento el costo de la corrupción en el país. 

De acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015, arrojó que para los mexicanos existen cinco problemas nacionales: inseguridad y delincuencia; corrupción; desempleo; pobreza y mal desempeño del gobierno, en ese orden.

Por otra parte, se indica que se ha incrementado el número de programas sociales y de apoyo a la población, sin embargo los recursos no se traducen en beneficios en todos los casos, principalmente porque no hay una coordinación entre los programas y por la presencia de la corrupción en la operación de los mismos y quienes los manejan.

“No se necesita crear más programas sociales, sino establecer los mecanismos necesarios para el monitoreo y la observación ciudadana, donde se permita una retroalimentación y evitar los desvíos, así como el uso de estos programas con fines partidistas”, indicaron.

Mencionaron que información del Inventario de CONEVAL 2012, Guerrero es el estado con más opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas en sus programas y acciones sociales, seguido de Campeche y Tamaulipas, pues no reportaron sus programas en la cuenta pública.

Por ello indicaron que para combatir la corrupción de forma eficaz y eficiente se debe involucrar a los ciudadanos en las tareas del gobierno y es por ello que se busca que la Contraloría Social vigile y evite el uso político de los programas sociales.

La iniciativa que presentaron, busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social de Guerrero,  para que se incorpore a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 

Para tal efecto, el Gobierno del Estado y los Municipios impulsarán la Contraloría Social, facilitarán y otorgarán la información y capacitación necesarias para el cumplimiento de sus funciones a través de Comités de Contraloría Social, los que tendrán la facultad de acudir en forma directa ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso y la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado.

Las funciones de la Contraloría Social, serán vigilar el ejercicio de los recursos públicos,  la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación, emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos, atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas. 

Dichos Comités deberán ser conformados por ciudadanos residentes y beneficiarios del lugar donde se aplica el programa social.

La propuesta fue turnada a la comisión de desarrollo social para su análisis y dictaminarían.

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