Juan José Romero

Integrantes del Movimiento Campesino Guerrerense, señalaron que los diputados locales de la fracción de Morena, “no tienen la calidad moral” para establecer una postura de la problemática que prevalece en torno al programa de fertilizante, porque aseguran los legisladores no han recorrido las comunidades y por ende desconocen el sentir de los productores.

“No desde aquí desde el escritorio de aquí de Chilpancingo, sino allá en las regiones, nosotros sí recorremos, nosotros si visitamos los trabajos que se están dando  que se están dando allá en el campo”, dijo Marco Antonio Reyes integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Señaló que la lucha política en que se ha convertido el campo, el único perjudicado es precisamente el campesino y  adelantaron que en noviembre cuando la producción de maíz, haya menguado se verán las consecuencias de esto, “cuando haya carencia alimentaria en las partes altas de Guerrero”.

Mencionaron que el año pasado a productores de municipios de Iguala y Cocula, entre otros de la zona norte solo se les apoyó  con fertilizante para una hectárea, cuando son los productores más fuertes en el estado.

“Hemos hecho las denuncias que la semilla que entregó el gobierno federal, ya dijimos que es una semilla declarada, no certificada no pasó los tres años de experimentación que requiere de la ley para poder ser certificada dentro de las diferentes regiones”, indicó el líder campesino.

 

Agregó que “les guste o no” las organizaciones campesinas no se extinguirán sino por el contrario, continuarán trabajando con y para los campesinos del estado, porque aseguró que no porque los campesinos de las partes altas del estado no protesten quiera decir que están contentos con lo que pasa con el programa de fertilizante hoy a cargo del gobierno federal.

 

En tanto que María del Pilar Campos Tapia, fundadora e integrante de la Comisión Ejecutiva de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), enfatizó que no permitirán que se criminalice la lucha de los campesinos, “como ya se gesta en Tabasco”, aseguró.

La líder campesina se pronunció así sobre la propuesta de ley que se analiza en la cámara de diputados de Tabasco para recrudecer las sanciones a quienes inciten o participen en movilizaciones sociales.

“Aquí no vamos a permitir que se sigan criminalizando los movimientos sociales, no somos Tabasco. Guerrero es un estado de lucha, es un estado donde siempre le hemos apostado a trabajar y luchar por lo que es nuestro derecho”, sentenció.

Y agregó que en esta entidad “no vamos a permitir que pase esa ley que se está impulsando en el estado de Tabasco y que seguramente es una visión que tiene el gobierno federal y poner a trabajar a sus diputados para criminalizar los movimientos sociales”.

Por el contrario, dijo que se requiere que los diputados locales y federales de Guerrero ya estén conformando la propuesta de presupuesto para el campo para el 2020, “porque hubo un gran recorte al presupuesto para el agro, que golpeó de manera contundente los programas dirigidos para el campo de Guerrero. Nos quitaron presupuesto. ¿Por qué no lo dicen?”, cuestionó.

 

Lamentó que no se hayan gastado en la entidad el recurso federal que ya había aprobado el congreso y ese subejercicio no es legal, aseguró Campos Tapia, “Ese dinero lo recoge Hacienda y ya no lo va a regresar a Guerrero estamos en contra de eso”.

Por su parte el dirigente de Antorcha Campesina, José Juan Hernández advirtió que la situación en el campo guerrerense se complicará en los meses de noviembre, al momento de medir la producción que prometió el gobierno federal mejorar.

“El movimiento campesinos guerrerense fija su postura clara en el sentido de que el problema del fertilizante o en el problema del fertilizante no solamente hay uno o dos responsables como actores o como solucionadores del problema, ciertamente las organizaciones desde diciembre intervenimos en el afán de que el programa llegara a los productores porque la problemática de la tierra, prácticamente el 50 por ciento no iban a tener acceso”, señaló.

Por ello dijo las organizaciones jugaron un papel importante para que las reglas de operación se flexibilizaran y más campesinos pudieran tener acceso sobre todo aquellos que no tienen certificado parcelario.

Bautista Hernández reprochó al gobierno estatal haber creído demasiado en el gobierno federal en el manejo del programa de fertilizante “y hoy están las consecuencias”, señaló.

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