Juan José Romero

Chilpancingo, 21 de Septiembre de 2020.- El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO), determinó por unanimidad de votos, considerar inexistentes las violaciones a la normatividad electoral imputadas a la ciudadana Norma Otilia Hernández Martínez, diputada del Congreso local, en el expediente TEE/PES/001/2020 en el que se denunció un indebido posicionamiento de imagen.

El proyecto del Procedimiento Especial Sancionador (PES) fue analizado por la primera ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, quien desechó la queja interpuesta por Manuel Alberto Saavedra Chávez en virtud de que el estudio de la publicidad, motivo de la denuncia, no actualiza la existencia del elemento objetivo.

En la misma sesión, el pleno del TEEGRO determinó considerar parcialmente fundado el juicio electoral ciudadano interpuesto por Ángel Basurto Ortega y Norma Carranza Estrada, así como por el partido político Morena, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado por reasignar el presupuesto para la elaboración y consulta de los lineamientos para el registro de candidaturas indígenas y afro mexicanas, y con ello no realizar la consulta ordenada por la Sala Regional en el expediente SCM-JDC-402/2018.

Además de que no se ejecutó la campaña de difusión de información respecto de los requisitos y el procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas normativos internos.

El proyecto de resolución fue emitido por la quinta ponencia de la Magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, quien argumentó que ello es inexacto, porque como se observó en los antecedentes que se revisaron a efecto de integrar el juicio en el caso concreto, que la verdadera intención del promovente residía en que el instituto local registrara a las personas que postuló como candidatos indígenas para contender en diputaciones y sindicaturas, en el proceso electoral pasado.

Además de que, para el proceso electoral en curso ya se cuenta con un mecanismo efectivo para que los partidos políticos y autoridades electorales puedan exigir el cumplimiento y defensa de dicha vía de protección humana de los grupos vulnerables citados.

No obstante, a los actores les asiste razón en cuanto a que el IEPC tuvo el tiempo suficiente antes de la pandemia por COVID-19 para realizar la elaboración y consulta de los referidos lineamientos.

En cuanto a que el IEPC no ejecutó la campaña de difusión de información; resulta inatendible, en virtud de que se trata de un alegato que no guarda relación con el acto que fue impugnado.

Asimismo, los magistrados y magistradas del TEEGRO resolvieron el recurso de apelación 007/2020 y su acumulado JEC/032/2020, promovidos, por Isaac David Cruz Rabadán y Ángel Basurto Ortega, en contra del Acuerdo 029/SE/14-08-2020 por el que se declara la imposibilidad de realizar el proceso de consulta a comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Guerrero, relativas a los aspectos esenciales contenidos en el anteproyecto de reglas que deberán observar los partidos políticos para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos del proceso electoral 2020-2021.

El proyecto de resolución confirmo el acuerdo impugnado, mismo que fue emitido por la cuarta ponencia de la Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito argumentando que, resulta infundado el motivo de desacuerdo consistente en que la autoridad responsable vulnera los principios de legalidad, objetividad y certeza, pues se considera que la misma actuó conforme a derecho, privilegiando el derecho a la vida y a la salud de las personas indígenas y afromexicanas, por encima del derecho a la consulta de los lineamientos para ser postulados como candidatos a través de acciones afirmativas por parte de los partidos políticos.

Derivado de que las autoridades sanitarias, han recomendado mantener la sana distancia, la abstención de procesos de consultas libres, previas e informadas en territorios indígenas. Además de que Guerrero se encuentra en el semáforo naranja epidemiológico, lo que representa que el estado se encuentre en proceso de alerta sanitaria por lo que no son viables ni procedentes las reuniones, asambleas o foros que impliquen la conglomeración de personas

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