Juan José Romero Ramírez

El ISSSPEG se ha resignado a que los ayuntamientos que mantienen un adeudo con este, no lo cubran en estos últimos días de las administraciones municipales,  reconoció su director Jesús Urióstegui Alarcón.

Y es que la deuda global es de 680 millones de pesos que más de 23 entes entre ayuntamientos y organismos operadores de agua que no enterar las retenciones de las cuotas obrero-patronales, que quincena tras quincena los ayuntamientos les retienen a los trabajadores en activo.

Está lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, cuyo alcalde Evodio Velásquez Aguirre, junto con su organismo operador de agua y el DIF municipal dejarán una deuda de al menos 450 millones de pesos, de los cuales más de 300 millones de pesos fueron generados durante el periodo del edil en turno.

El municipio de Acapulco enfrenta pasivos por tres vertientes, tanto el ayuntamiento, como el DIF-Municipal y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del puerto, “el alcalde no toma con una seriedad el caso, ni ha entendido que él es el responsable de un ayuntamiento, su período terminará con más de 300 millones de pesos de deuda”.

Pero además de Acapulco también se encuentran ayuntamiento como Chilpancingo con cerca de 100 millones de pesos, Iguala, Taxco con 140 millones, Cuajinicuilapa, Tixtla y Leonardo Bravo que juntos representan más del 90 por ciento de la deuda que enfrenta el ISSSPEG.

A 20 días de que concluyan las administraciones actuales, ningún presidente municipal se ha acercado al organismo para buscar los mecanismos para dejar saldadas las deudas; “al cierre de las administraciones municipales no prevemos que vaya haber algún pago, por el contrario, vamos a sumar lo correspondiente de este mes de septiembre y vamos a rondar los 680 millones de pesos que son ayuntamientos y organismos operadores paramunicipales”.

Como consecuencia el ISSSPEG,  dijo Uriostegui, ha iniciado procedimientos jurídicos, por un lado, ante la Auditoría Superior del Estado, con un total de 13 procesos, mientras que ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantienen cuatro procedimientos legales.

Lo anterior con la finalidad de que, a través de un mecanismo judicial, se les puedan retener las participaciones a las administraciones municipales y “de alguna manera salir adelante con los pendientes, porque alguien tiene que pagar lo que se debe”, indicó.

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