Juan José Romero

 

El auditor superior del Estado Alfonso Damián Peralta dio a conocer que desde diciembre del año pasado se inició el procedimiento resarcitorio para los ex funcionario de la entonces, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) por 100 millones de pesos.

Durante la legislatura pasada el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza pidió una auditoria al  organismo operador de agua por presuntos malos manejos financieros durante la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre.

En esa auditoria se detectó un faltante de casi 200 millones de pesos, que durante el procedimiento que la Auditoria Superior del Estado (ASE), inició los encargados de la paramunicipal lograron comprobar prácticamente la mitad del monto.

“El tema Capama le hemos dado celeridad en términos que la ley nos permite y en estos momentos estamos iniciando el proceso resarcitorio que es la última de las etapas de fiscalización y lo que busca es que los servidores públicos responsables resarzan con su patrimonio el daño patrimonial”, indicó Damián Peralta.

Explicó que el proceso resarcitorio es un procedimiento aparte, en donde se estará citando a las partes involucradas y escucharlas otorgándole su garantía de audiencia, en donde incluso podría presentar documentación comprobatoria con miras a comprobar los 100 millones de que faltan.

Puntualizó que en este proceso se encuentran involucrados 4 ex funcionarios públicos, sin especificar su identidad por “obvias razones”, ni el monto concreto porque se está en una etapa de notificación para los involucrados, no obstante, adelantó que son arriba de 100 millones de pesos que los servidores públicos tendrán que reponer de su patrimonio.

Damián Peralta señaló que en este nuevo procedimiento los funcionarios podrán presentar documentación a su favor, pero puntualizó que “no por presentar documentación quiere decir que solventan la misma”, sostuvo.

Dijo además que el desahogo del proceso resarcitorio implica no hay una “definitividad pero ya es la última etapa ellos nuevamente pueden exhibir documentación, lo pueden hacer, está en ley, tenemos que dar su garantía de audiencia pudieran solventar el monto, pudieran solventarlo si presentan la documentación”.

 

De lo contrario dijo la determinación de la ASE será que los involucrados tendrán que resarcir el monto (más 100 millones de pesos) a la institución y si no tuvieran el recursos para hacerlo, es decir, para devolver el recurso, la auditoria dará vista a la Secretaría de Finanzas para que desde ahí se lleve a cabo un procedimiento de ejecución fiscal y se embargue los bienes que cubran el monto antes señalado, indicó el funcionario.

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