José Antonio Rivera Rosales

  La noche del pasado 21 de abril, en plena Costera Miguel Alemán, varios hombres armados interceptaron un taxi colectivo en el que se transportaba el novel reportero Luis Abraham Martínez Huerta, a quien a golpes bajaron de la unidad para subirlo a una camioneta tipo Suburban color negra, donde lo transportaron en dirección a la periferia.

  Entre amenazas de muerte, golpes con la cacha de las armas y una bolsa de plástico que le colocaron sobre la cabeza para asfixiarlo, lo trasladaron rumbo a la Escénica, pero llamadas insistentes al celular del reportero les indicaron que éste había alcanzado a dar aviso de su situación a otros compañeros suyos, lo que finalmente los obligó a soltarlo.

  Los hombres lo dejaron sobre la citada avenida Escénica, aturdido, maltrecho por los golpes y aterrorizado, pues quedaba en claro que la intención era el típico levantón que muchas veces termina en la muerte del secuestrado.

  Como pudo, acto seguido Martínez Huerta abordó otro taxi que finalmente lo dejó junto al Forum Mundo Imperial, de donde unos amigos taxistas lo trasladaron a su domicilio en una comunidad rural del municipio.

  Durante varios días se mantuvo escondido, sin atreverse a salir por miedo a ser objetivo de otro ataque de los desconocidos, a ninguno de los cuales pudo identificar. Lo único que vio fueron las armas en las manos de tres sujetos que lo bajaron a golpes del taxi colectivo, sin importar que estaban sobre la Costera Miguel Alemán, a la altura del Gran Hotel y frente a la entrada de la Octava Región Naval, en plena Zona Dorada del puerto de Acapulco.

  Tampoco importó que el levantón se produjo delante del conductor y los demás pasajeros del transporte, además de que mucha gente transitaba en la calle. Tamaño atrevimiento sólo puede ser cometido por alguien que es o se cree muy poderoso.

  Estos hechos están asentados en una carpeta de investigación penal que el agraviado interpuso ante la Fiscalía General del Estado en  días recientes, donde expuso la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

  El caso llama la atención porque se trata de un reportero que acostumbra subir sus reportes y comentarios a la red social Facebook, donde son vistos por muchas personas.

  Aunque la denuncia no tiene un destinatario específico, el reportero dejó en claro que el único conflicto que pudiera servir como indicador de un móvil, lo tuvo con el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez, hermano del candidato priista a la alcaldía de Acapulco.

  En días previos, Martínez Huerta había subido comentarios a la red acusando a Taja de desviar recursos públicos de la institución con fines nada claros.

  Inclusive subió un testimonio de un comisario de una comunidad rural que aseguraba que tenían un año esperando una obra de infraestructura ordenada por el gobernador Héctor Astudillo a Taja Ramírez, pero que los habitantes seguían esperando porque nadie se hizo responsable de tales obras.

  En el reporte, Martínez Huerta mostró imágenes de los habitantes de la citada comunidad que, con su comisario al frente, acusaban a Taja de desviar los recursos públicos.

  Aunque en estricto rigor periodístico la acusación pareciera endeble porque no existen otros elementos que pudieran verificar si efectivamente se desviaron los recursos o si, en cualquier caso, la obra está esperando turno, el caso es que al parecer esto es lo que molestó al funcionario quien, en un encuentro fortuito con el reportero, lo amenazó con “partirle la madre” porque “ya me tienes harto”.

  Días después se produjo la agresión que describimos al principio de este texto, incidente en que tres o cuatro individuos intentaron levantar al citado reportero.

  Si existe o no fundamentación en la agresión contra Martínez Huerta, lo que aquí se está vulnerando es la libertad de expresión tanto del reportero como, de manera indirecta, de la comunidad que denunció a Taja, con razón o sin ella.

  Según lo asentado en la denuncia penal, Taja le habría espetado al reportero que “como chingaba la madre”, que para eso estaba la encargada de Comunicación Social.

  Al margen de dimes y diretes, el hecho es que hubo una agresión armada con aparente intención homicida contra dicho reportero, quien previamente había expresado a través de la red social que ambos hermanos, Javier y Ricardo, se conducían con total prepotencia.

  Además de la denuncia penal ante la FGE, el agraviado hizo lo propio ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que preside Ramón Navarrete Magdaleno, que dio fe de los hechos e inició su propia investigación ante la probable violación de derechos fundamentales del agraviado.

  En vísperas de que se conmemore el día de la Libertad de Expresión, este próximo 7 de junio, queda la denuncia como antecedente en tiempos violentos de hechos delictivos contra la prensa y sus representantes, integrantes de la parte más débil de la cadena de la comunicación que son los reporteros.

  Esperamos que las autoridades investiguen quién o quiénes dieron la orden de agredir al reportero y se lleve ante los tribunales a los responsables materiales y e intelectuales de la agresión armada. En estos tiempos de campaña, es un imperativo estar pendiente de cualquier agresión contra los comunicadores.

  La clave aquí no reside en la personalidad del reportero o reporteros que pudieran ser agraviados en casos como éste, sino en que se vulnera el derecho a la libertad de expresión mediante atentados contra la integridad humana.

  Esperamos que este proceso electoral en ciernes no sea el marco contextual para asesinar a periodistas, lo que sentaría un precedente trágico en Guerrero. Son muchos ya los colegas silenciados por los poderes fácticos.

  Ahí está la denuncia.

 

  

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