Por Ignacio Hernández Meneses.

 

El fuero, ese cáncer político está en su etapa terminal. Por fin le cavan su tumba los parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional que ya tienen lista la iniciativa para eliminar ese privilegio que aún funciona como manto de protección para la clase política de México. Aunque su origen data de la Edad Media, y que en su esencia era que al ejercer su pleno ejercicio en las universidades permitía la libertad de opiniones para controvertir y discutir sin temor a reprimendas. “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas”, es como nació en la Constitución de Cádiz, proclamada en las Cortes de España en marzo de 1812, en su artículo 128 Capítulo VI. Esto tenía el fin de proteger a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos. Esto dice la historia pero en nuestro país, su abuso permitió evadir procesos judiciales. En 1824 nació la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella integraron como atribución del Poder Legislativo. Teóricamente, el fuero sirve para que en tribuna los legisladores cuestionen lo que hacen otros partidos, al gobierno, que sean críticos con los nombramientos a magistrados o consejeros, pero no para proteger latrocinios de la clase gobernante en tribunas ni alcaldes, gobernadores ni el presidente de la República. En 1909 ocurrió el primer caso de desafuero en el país. El entonces diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del presidente José López Portillo (1976-1982), fue acusado de fraude y perdió su protección constitucional para pasar a ser juzgado. En México suman nueve casos,  el más sonado el de Andrés Manuel López Obrador en el 2005 lo acusaron de violar orden judicial por construir una calle en un terreno expropiado. La propuesta será presentada este martes por el diputado Pablo Gómez Álvarez, y contempla establecer una clara diferencia entre fuero e inmunidad, e incluye procedimientos para los juicios en los que pudieran estar involucrados tanto legisladores, como gobernadores o incluso el Presidente de la República, ya que modifica el artículo 108 constitucional para que pueda ser juzgado por cualquier delito. La propuesta pretende la eliminación del fuero, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo. Llegó la hora de dejar de titubeos, malas redacciones, pretextos, congelamientos y demás cosas que han impedido la abolición de este privilegio del fuero.

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