*Videos causan controversia en el caso Ayotzinapa

Roberto Santos

Si bien es cierto que Acapulco atraviesa por una crisis de inseguridad por las extorsiones que han aumentado y ponen en riesgo a mayor número de comerciantes, no se puede asegurar que sea la segunda ciudad más violenta del mundo, como se atreve a decir esa cosa que se llama Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social.

Además, parece mezquino o malintencionado salir a dar esa información, ya refutada y considerada como falsa, cuando se acerca Semana Santa y el estado con sus ciudades turísticas dependen del número de visitantes y la derrama económica que dejan para beneficio de los prestadores de servicios.

De acuerdo a datos que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero está en el cuarto lugar en base al número de homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo cual Acapulco no puede considerarse como una de las ciudades más violentas, señaló el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores.

En el mismo tenor respondió el delegado federal en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien dijo que tiene informes de que no sólo la violencia ha bajado, sino que también delitos como el robo, y que Acapulco es una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se ha invertido en mejoramiento urbano y seguridad pública.

El gobierno de México atiende con policías, con programas sociales y con atención social, señaló el funcionario.

El gobernador insistió en que los índices de homicidios han bajado, pero acepta que “somos un lugar que efectivamente requiere atención”, ya que “se pasó de tener 13 asesinatos a sólo uno o dos, a excepción de días como el pasado lunes, donde hubo cinco muertos”.

Está claro que el problema está presente y las acciones coordinadas por la Sedena, Marina, Policía federal y la estatal han detenido a docenas de delincuentes, aunque no ha sido suficiente, por la atomización de las bandas criminales, que lo mismo se dedican a extorsionar, asaltar, secuestrar que a distribuir drogas.

Tal como lo ha mencionado la presidenta municipal Adela Román, el delegado federal sostuvo que Acapulco es una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que se ha invertido en mejoramiento urbano y en seguridad.

Se está atendiendo con policías y con programas sociales, dijo, e insistió que Acapulco ha reportado disminuciones en el número de víctimas de violencia.

Se espera que con la presencia de la Guardia Nacional se pueda recuperar la tranquilidad social en el puerto, y deberían tomarle la palabra a la presidenta Adela Román cuando pide que el delito de extorsión sea considerado delito grave y que se persiga de oficio.

Además se debe insistir en publicitar al puerto para que sea visitado por los turistas durante la próxima Semana Santa.

UNA CONTROVERSIA INTERESANTE SE HA GENERADO EN EL CASO AYOTZINAPA, dividido en dos posturas: la que dice que uno de los estudiantes desaparecido, Julio César López, era informante de la Sedena, y la que responde que no es así, porque el joven ya había renunciado a la milicia y por eso se inscribió en la escuela normal de Ayotzinapa, de acuerdo al vocero de los padres de familia.

Mientras, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos ya han enfilado sus uñas y dientes para insistir en acusar al Ejército de que no ha revelado toda la información que tienen en su poder y su participación en el caso Iguala Ayotzinapa.

Esto después de que se difundieran algunos videos de donde se desprende que el joven estuvo en activo y que desde la normal hacia trabajo de inteligencia para la Sedena.

Hay que recordar que varias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos han tenido notoriedad gracias a este caso, y han dedicado gran tiempo en querer involucrar a los militares en la desaparición de los estudiantes en Iguala.

Al parecer lograrlo sería su mayor éxito.

Esas organizaciones ahora muestran su enojo y frustración por no ser tomada en cuenta, como si todos deberían hacerlo, cuando se enteran de que la Sedena ha brindado algún tipo de asistencia a la familia del estudiante sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles ni de los representantes de las familias.

Como si las familias de los desaparecidos hubieran firmado un convenio de representación con estas organizaciones, las que por momentos pierden credibilidad ante los ojos de la sociedad.

Es cierto que la demanda de los padres es encontrar a sus hijos y que han surgido esperanzas por las promesas presidenciales de ayudarles a ubicarlos, y que se debe insistir en darle fuerza a las voces de los padres para insistir a todas las dependencias a brindar sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes.

Sin duda esos videos darán mucho de qué hablar y abrirá el debate de las infiltraciones en la Normal, de las fuerzas militares y los grupos distribuidores de las drogas, como también se ha difundido, por parte de la CNDH.

De que esta es una normal donde los jóvenes no estudian y son utilizados por algunas organizaciones para seguir insistiendo en sus planes políticos, ideológicos, mercantiles, etc., y que urge reformar para construir un verdadero centro del saber de dónde egresen verdaderos docentes.  

santos0212@yahoo.com.mx

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